Los millones en coimas que le atribuyen a Cristina

En el inicio del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, una de las causas de corrupción más emblemáticas de los últimos años, la protagonista central fue la expresidenta Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita que, según la acusación, operó entre 2003 y 2015 desde el corazón del Poder Ejecutivo.

Durante más de cuatro horas, la dirigente escuchó la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que se describió cómo funcionaba la presunta “organización criminal” dedicada a recolectar dinero ilegal proveniente de empresarios beneficiados con contratos públicos.

En esta primera jornada, el Tribunal Oral Federal N°7 repasó los 40 primeros hechos de cohecho pasivo atribuidos a la expresidenta, que implican un monto superior a 10,4 millones de dólares. Se trata apenas de una parte de las 204 supuestas coimas que se le imputan en total.

La estructura

De acuerdo con la investigación, durante doce años funcionó un sistema paralelo de recaudación de fondos en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, dirigido por Julio De Vido. Ese circuito, según la Justicia, permitía canalizar sobornos desde empresas contratistas hacia altos funcionarios, con destino final en las “máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.

El fiscal Carlos Stornelli, encargado de impulsar la acusación, dividió la investigación en cuatro grandes ejes: los cobros a empresarios registrados por el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos; las maniobras irregulares en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario; la corrupción en los corredores viales nacionales; y la cartelización de la obra pública, mecanismo por el cual un grupo de empresas acordaba precios y condiciones para repartirse licitaciones estatales.

Según el requerimiento, Cristina Kirchner actuó como jefa de la asociación ilícita y coautora de 204 hechos de cohecho pasivo, además de partícipe necesaria en otro más. La acusación sostiene que el objetivo fue enriquecerse ilícitamente y financiar otras actividades políticas y personales.

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El tribunal describió el entramado como un sistema ilegal de recaudación con dos canales complementarios. Uno, de contacto directo, en el que funcionarios públicos —entre ellos Roberto Baratta y Nelson Lazarte— recibían el dinero de manos de los empresarios, muchas veces en bolsos o sobres. El otro canal, indirecto, operaba a través de intermediarios como Ernesto Clarens (vinculado al financiamiento de obra pública) y Carlos Wagner (entonces titular de la Cámara Argentina de la Construcción).

Ambas vertientes, de acuerdo con la fiscalía, formaban parte de una estructura jerarquizada que funcionaba como una extensión del aparato estatal, con roles definidos, rutas de entrega y beneficiarios determinados.

Empresarios y funcionarios involucrados

El expediente cuenta con 24 imputados colaboradores —entre ellos exfuncionarios, empresarios y el propio chofer Centeno— que aportaron información sobre la operatoria de sobornos.

Entre los nombres más relevantes figuran Claudio Uberti, José López, Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti y Jorge Neira, entre otros.

La acusación sostiene que los empresarios realizaron un “aporte indispensable” para sostener el circuito de corrupción, al pagar sobornos a cambio de adjudicaciones o pagos acelerados de obras públicas.

Durante la audiencia, el Tribunal dio lectura detallada a los primeros 40 hechos de cohecho pasivo imputados a la expresidenta. Los primeros 14 sobornos representan 4,5 millones de dólares, según las cifras consignadas en la investigación.

A ello se suman cinco pagos de Electroingeniería, entonces presidida por Gerardo Ferreyra, sin monto especificado, y 14 entregas adicionales que habrían llegado al departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, donde residía la exmandataria, también sin cifra determinada.

Finalmente, otros cinco sobornos verificados alcanzan un total de 5,9 millones de dólares, lo que eleva la cifra parcial a 10,4 millones.

Los jueces aclararon que se trata solo de los hechos cuantificados hasta ahora, y que el monto global podría aumentar considerablemente a medida que avancen las audiencias. Restan leer 164 hechos adicionales, correspondientes a dos causas conexas.

El rol de los Kirchner

En la lectura, se citó textualmente el requerimiento fiscal: “Cristina Fernández, Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, José López y otros integraron una asociación ilícita que funcionó desde mayo de 2003 hasta noviembre de 2015, destinada a organizar un sistema de recaudación de dinero ilícito para enriquecerse ilegalmente y financiar otros delitos”.

El texto también menciona al expresidente Néstor Kirchner, a quien se atribuye haber cumplido el mismo rol de liderazgo dentro de la estructura. La acción penal respecto de él fue declarada extinguida por su fallecimiento.

Alto impacto político y judicial

El juicio oral de los Cuadernos de las Coimas marca una etapa clave en la trama judicial que persigue a Cristina Kirchner desde hace más de una década.

La exmandataria enfrenta nuevamente acusaciones de corrupción de alto perfil. La defensa de la expresidenta ha insistido en que el expediente está “plagado de irregularidades” y responde a “una persecución política y judicial” impulsada por sectores opositores y del poder económico.

Sin embargo, para la fiscalía, los cuadernos de Centeno, los testimonios de los arrepentidos y la coincidencia de fechas y montos configuran un cuerpo de prueba suficiente para sostener la acusación.

Lo que sigue

Las audiencias continuarán durante las próximas semanas con la lectura de los restantes hechos de corrupción atribuidos a la exmandataria y al resto de los acusados.

Fuentes judiciales estiman que la etapa de alegatos recién comenzaría en 2026, y que el fallo podría conocerse a fines de ese año o comienzos de 2027.