Tras la victoria legislativa, Milei busca impulsar su reforma laboral

El presidente Javier Milei ratificó que una de las prioridades de su nueva etapa de gobierno será la reforma del régimen laboral. La iniciativa apunta a dar previsibilidad a las empresas, incentivar la contratación formal y reducir la litigiosidad. El resultado de las elecciones legislativas, que consolidó la presencia de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso, mejora las chances políticas del oficialismo para impulsar ese proyecto, aunque no elimina la necesidad de acuerdos con otros espacios ni el rechazo sindical.

Con cerca de 100 diputados propios a partir de diciembre, el oficialismo se asegura el control de un tercio de la Cámara baja, lo que le permitirá bloquear iniciativas opositoras y defender decretos o vetos presidenciales. Pero para aprobar reformas estructurales como la laboral, Milei deberá sostener el vínculo con el PRO y sectores del radicalismo, además de tejer nuevas alianzas con gobernadores que emergen como piezas clave en el equilibrio legislativo.

Reclamo de parte de los empresarios

La reforma laboral es reclamada por gran parte del empresariado argentino desde hace años. Durante el último Coloquio de IDEA, los representantes del sector privado coincidieron en que las normas vigentes, con convenios colectivos que datan en muchos casos de fines de los años 40, no reflejan la realidad actual ni las nuevas modalidades de empleo. Los costos judiciales y la incertidumbre que generan los conflictos laborales, según argumentan, desalientan la contratación.

El diagnóstico del Gobierno es que el sistema laboral argentino quedó desactualizado y genera una doble trampa: por un lado, millones de trabajadores atrapados en planes sociales sin acceso al mercado formal; por otro, empresas que reemplazan empleados en relación de dependencia por monotributistas o contratistas. De hecho, los registros oficiales muestran que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el número de monotributistas subió en más de 120.000 personas, mientras el empleo formal privado se mantiene estancado desde 2010.

En ese contexto, la Secretaría de Trabajo concluye que el país necesita “un marco jurídico claro, simple y predecible” que incentive la contratación y reduzca el temor empresarial a los juicios. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cantidad de litigios laborales aumentó 10,2% en los últimos dos años, y los costos derivados superan los $2 billones anuales. Solo en 2025 se espera que se inicien más de 130.000 nuevas demandas, con la provincia de Buenos Aires como epicentro (40% del total).

El borrador oficial incluye cuatro ejes centrales: la actualización de los convenios colectivos, la simplificación de trámites para contratar personal, la eliminación de la llamada “industria del juicio” y la ampliación de libertades para pactar contratos y remuneraciones. En este último punto, se permitiría cobrar el salario completo en dólares, una opción hoy limitada al 20% de la remuneración total.

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Uno de los cambios más profundos será la revisión de los convenios colectivos, que el Gobierno busca “flexibilizar hacia adelante”. Esto implicará permitir negociaciones a nivel de empresa y contratos adaptados a cada realidad productiva. La intención es que los acuerdos no funcionen solo como pisos salariales, sino como marcos de referencia ajustables a las condiciones específicas de cada compañía o región.

El Poder Ejecutivo sostiene que la rigidez de los convenios genera inequidades entre empresas grandes y pymes, y entre provincias con distinta estructura de costos. Por eso, se fomentará la descentralización de las negociaciones, con instancias ágiles y representativas que habiliten acuerdos individuales o por establecimiento.

Uno de los conceptos más polémicos que introduce el Gobierno es el de “salarios dinámicos”. Se trata de un esquema donde las remuneraciones se ajustan en función de la productividad, los márgenes de cada empresa o el cumplimiento de metas, y no por la inflación o cláusulas automáticas.

El objetivo

El objetivo oficial es que los aumentos salariales respondan a la capacidad real de pago de cada empleador y premien el esfuerzo individual. “Si damos lo mismo para todos, terminamos generando desempleo”, sostienen en la Secretaría de Trabajo. El Gobierno también plantea que este mecanismo permitiría una asignación más eficiente de recursos en sectores con dinámicas muy distintas, como la industria del software frente a la manufactura tradicional.

Este esquema implicaría un cambio cultural en las relaciones laborales: los convenios seguirían existiendo, pero dejarían de fijar aumentos uniformes. En empresas con caídas de facturación, por ejemplo, podrían acordarse ajustes graduales, mientras que aquellas con buenos resultados tendrían margen para otorgar incrementos adicionales.

Otro punto central del proyecto es la reducción de la litigiosidad. El Ejecutivo pretende modificar las normas que permiten múltiples interpretaciones judiciales y promover mecanismos de conciliación previa obligatoria. “No puede ser que después de un fallo de la Corte, otros jueces decidan lo contrario. Eso destruye confianza”, explican en la Casa Rosada.

La idea es establecer criterios unificados en la justicia laboral y eliminar incentivos para los litigios sin fundamento. Según cálculos privados, las pymes destinan hasta un 3% de su facturación anual a contingencias judiciales. “Nadie quiere contratar si sabe que cualquier conflicto puede llevarlo a la quiebra”, advirtió el economista Carlos Melconian, quien también señaló que el sistema actual “castiga al empleador formal y no protege al trabajador productivo”.

Rechazo

Las centrales obreras ya anticiparon un rechazo frontal. La CGT prepara un documento en el que advierte que la flexibilización de las normas de contratación no genera empleo neto, sino que reemplaza puestos estables por precarios. También alerta sobre el riesgo de una mayor desigualdad regional y la pérdida de poder adquisitivo en los salarios más bajos.

El informe técnico cita antecedentes de la OIT, la OCDE y la CEPAL, que cuestionan reformas de este tipo cuando no van acompañadas de políticas de crecimiento. Además, sostiene que la descentralización de paritarias debilita la negociación colectiva y que la reducción de aportes patronales impacta en el financiamiento previsional.

Los gremios ven con particular preocupación el concepto de “salarios dinámicos”, que, según afirman, podría derivar en un techo salarial y en la fragmentación de los acuerdos sectoriales. También advierten que, en un contexto inflacionario, la pérdida de indexación pondría en riesgo el poder de compra de los trabajadores.

Con el nuevo Congreso, Milei intentará capitalizar el respaldo de las urnas para avanzar en su agenda económica. Pero incluso con un bloque más robusto, deberá negociar. Los gobernadores, especialmente los de provincias con fuerte peso sindical o industrial, serán determinantes en la votación de cualquier cambio profundo.

En la Casa Rosada confían en que la reforma laboral pueda aprobarse en el primer semestre de 2026, junto con un paquete tributario que elimine impuestos considerados distorsivos.