Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos

La fuerte caída en la coparticipación, sumada a las dificultades en el frente fiscal y la política de “transferencia cero” del Gobierno nacional, hacen presumir otro año conflictivo entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada.

La merma de la recaudación nacional en el primer bimestre -bajaron nueve de diez impuestos- impacta directamente sobre los giros de coparticipación federal que, según datos oficiales, en febrero totalizó $5,44 billones, lo que representó una contracción real interanual de 7,5% en los ingresos de las provincias. Si se lo compara con enero, el retroceso fue de 9,5%.

La peor parte se la llevan las provincias con alta dependencia de fondos nacionales (como muchas del norte y el conurbano bonaerense), que enfrentan déficits operativos severos.

Esto ha forzado a los gobernadores a crear “tasas locales” (en combustibles o facturas de servicios) para compensar la caída, lo que genera una doble imposición que inquieta especialmente al sector privado y al consumidor final.

Las complicaciones fiscales en las provincias coinciden además con el inicio de la discusión paritaria en varios distritos.

Desde el Iaraf, Nadin Argañaraz precisa que en el primer bimestre la recaudación nacional registró una baja real de $3,3 billones en la comparación interanual. El IVA (que se paga en cada consumo en el supermercado, por ejemplo) fue el impuesto que más cayó ($1.680.000 millones) seguido por retenciones ($587.000 millones) y aportes y contribuciones ($455.000 millones). Solo mejoró Combustibles, con una suba de con $71.000 millones.

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En esa línea, los ingresos para la Nación bajaron 9,3% real interanual y lo que se destina a provincias, 7,6%. El mes pasado, la administración nacional habría dejado de recibir $2.400.000 millones y las provincias, $930.000 millones.

Por su parte, Alejandro Pegoraro, de Politikon Chaco, advirtió que el retroceso en los ingresos en lo que va del año “no constituye un hecho aislado, sino que se suma a un desempeño muy flojo en 2025, cuando la recuperación de la actividad económica fue heterogénea y la dinámica recaudatoria no logró recomponer plenamente el poder de compra de los envíos automáticos”.

A eso se agrega que los envíos por fuera de la coparticipación también cerraron el primer bimestre con una baja del 45%.

Mientras que hay que contar también el deterioro en el frente fiscal de las provincias desde mediados del año pasado.

A la par que los ingresos comenzaron a mostrar signos de desaceleración en términos reales, el gasto público provincial empezó a acelerar su ritmo de crecimiento.

Para Argañaraz, la caída de transferencias en el arranque del año requiere una baja proporcional del gasto para mantener los resultados fiscales, sino habrá un “empeoramiento relativo y lo más probable es que no estén los ahorros necesarios para financiar”, asegura y anticipa que este es un año en el que estará vigente el “conflicto de objetivos entre la prudencia fiscal y las demandas de aumentos salariales, entre otras”.

El impacto en las provincias

En este contexto, la discusión de fondo este año pasa por el reparto de la “torta” impositiva.

Provincias productoras como Córdoba, Santa Fe y Mendoza reclaman que lo que aportan en concepto de retenciones y actividad económica no vuelve en la misma proporción.

En el caso de Buenos Aires, al ser la provincia que más aporta al PBI pero que porcentualmente menos recibe por coparticipación, el conflicto con la Casa Rosada es constante.

En este sentido, la judicialización de los fondos (vía Corte Suprema) es la herramienta a la que están recurriendo varios gobernadores para intentar recuperar algo de la recaudación perdida.

Ejes de disputa

Por otro lado, al nacionalizar el ajuste el Gobierno ha trasladado la responsabilidad de sostener subsidios a las provincias.

Por ejemplo, la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y los subsidios al transporte obligó a las provincias a elegir entre aumentar fuertemente el boleto de colectivo y los impuestos o enfrentar paros y conflictos gremiales.

En lo que tiene que ver con infraestructura, obras esenciales como el mantenimiento de rutas provinciales o redes de agua (por ejemplo, las zonas a las que llega ABSA) han quedado en un limbo financiero, deteriorando la calidad de vida local pese a la mejora de los indicadores macro de la Nación.

Con todo, el apoyo de los gobernadores a las reformas nacionales pareciera ser meramente transaccional. Solo estarían dispuestos a acompañar las leyes en el Congreso si hay promesas de flujo de fondos o reactivación de obras.