Allanamiento polémico y “el uso de la justicia amiga”

El allanamiento realizado en el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los denunciantes en causas vinculadas al manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reavivó cuestionamientos sobre el presunto uso de una “justicia amiga” para avanzar contra quienes promueven investigaciones sensibles.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de Villa Rosa, partido de Pilar, cuando Yofe no se encontraba en el lugar. Por orden judicial, se secuestraron teléfonos celulares, un disco rígido y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a su esposa, Agustina. La medida fue autorizada por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N.º 7 de San Isidro, a instancias del fiscal Germán Steffich, en el marco de una denuncia por un supuesto robo o hurto cuya autoría y circunstancias no fueron informadas públicamente.

Desde el entorno del denunciante señalaron que la causa que motivó el allanamiento carece de elementos que justifiquen una medida de esa magnitud y rapidez, y remarcaron que se trata de un procedimiento inusual cuando se lo compara con otras investigaciones de mayor volumen económico y relevancia institucional.

Impulsor de una denuncia

Yofe es uno de los impulsores de las denuncias que apuntan al presunto circuito irregular de fondos de la AFA y mantiene un vínculo político con la líder de la CC, Elisa Carrió, quien en reiteradas oportunidades advirtió sobre el uso selectivo del sistema judicial para disciplinar a denunciantes y opositores. Previamente, Yofe había sido denunciante en la causa por el sistema de fotomultas que involucró al ex ministro bonaerense Jorge D’Onofrio.

La causa AFA se encuentra atravesada por una fuerte disputa de competencias entre juzgados provinciales y federales. En ese contexto, distintas fuentes judiciales advierten que el avance desigual de los expedientes y la superposición de intervenciones habilitan un escenario propicio para maniobras de presión indirecta sobre quienes aportan información a las investigaciones.

En ese marco, el allanamiento al domicilio de un denunciante —y no a los principales sospechados por las maniobras bajo investigación— es leído por sectores políticos y judiciales como una señal de advertencia. “Cuando el foco se corre del investigado al denunciante, el mensaje es evidente”, señalaron desde la Coalición Cívica.

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Hasta el momento, desde ese espacio político indicaron que no recibieron explicaciones oficiales sobre los fundamentos del procedimiento ni llamados de autoridades del gobierno nacional o provincial para interiorizarse sobre lo ocurrido. Tampoco se informó públicamente si el allanamiento derivó en elementos de prueba relevantes.

El episodio vuelve a poner en discusión el rol del Poder Judicial en causas de alto impacto político y económico, y refuerza las denuncias sobre la utilización de sectores del sistema judicial para proteger intereses de poder y desalentar el avance de investigaciones que incomodan a estructuras consolidadas.