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La advertencia no llega desde un organismo oficial, sino desde alguien atravesado por una tragedia. Alejandro Nahuel Ayala, familiar de una víctima del fentanilo contaminado en La Plata y profesional de la salud, volvió a encender la alarma sobre el uso indebido de medicamentos hospitalarios y la falta de controles dentro del sistema sanitario.
Ayala sostiene que lo que hoy empieza a visibilizarse —fiestas clandestinas donde circulan drogas como el propofol y el fentanilo, sumado a una reciente muerte por sobredosis— no es un fenómeno aislado. “Cuando un caso sale a la luz, suele ser indicio de muchos otros que permanecen invisibles”, advierte, en referencia a un circuito que, según remarca, crece por la falta de trazabilidad efectiva.
El caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar, fallecido tras consumir propofol y fentanilo, volvió a poner el tema en agenda. Para Ayala, este episodio debe leerse como parte de un problema estructural. En ese contexto, menciona las denominadas “PropoFest”, encuentros privados donde —según denuncia— se utilizan medicamentos de uso estrictamente hospitalario con fines recreativos.
Ayala vincula directamente esta situación con la crisis del fentanilo contaminado registrada en 2025, que afectó a terapias intensivas en distintos puntos del país y dejó más de un centenar de víctimas fatales. En La Plata, donde el impacto fue significativo, el caso expuso una falla crítica del sistema.
“En ese momento no se pudo reconstruir con precisión a qué pacientes se les habían administrado las ampollas contaminadas. No sabían dónde estaban ni quiénes las habían recibido. No era falta de información, era falta de trazabilidad”, remarca Ayala, insistiendo en que ese déficit sigue vigente.
Tras aquella crisis, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica incorporó nuevos fármacos al sistema de trazabilidad mediante la Disposición 6223/2025, incluyendo el fentanilo y el propofol. Sin embargo, Ayala advierte que la medida no resuelve el problema de fondo.
“El sistema permite seguir el medicamento hasta su distribución, pero no controla lo que pasa dentro del hospital, que es el punto más crítico”, señala. Y agrega que la implementación depende de cada provincia, lo que genera controles desiguales y, en muchos casos, insuficientes.
Para Ayala, esa debilidad estructural habilita desvíos, uso indebido y circulación por fuera del circuito sanitario. “Sin trazabilidad real, es muy difícil controlar stock, detectar faltantes o evitar que estos fármacos terminen en otros ámbitos”, explica.
En un escenario donde el uso recreativo de estos medicamentos comienza a replicar patrones internacionales, Ayala insiste en que el problema dejó de ser técnico. “Es un riesgo sanitario concreto”, afirma.
Las fiestas clandestinas, la muerte del anestesiólogo y la tragedia del fentanilo contaminado no son hechos aislados, concluye Ayala, sino distintas manifestaciones de un mismo sistema que aún no logra controlar medicamentos de altísimo riesgo.
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