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José Picón
jpicon@eldia.com
Axel Kicillof y su estudiada estrategia de polarización con el gobierno libertario lo llevó, esta vez por omisión, a profundizar esa brecha. El Gobernador, siguiendo la ruta opuesta a otras 12 administraciones provinciales de distintos signos políticos, decidió no requerir de los buenos oficios de la Casa Rosada para obtener un adelanto de la coparticipación federal.
El gobierno de Milei anticipará fondos a varias provincias, que deberán devolverlos a una tasa del 15 por ciento, bien por debajo de las que rigen en el mercado. La pregunta es por qué la Provincia decidió saltarse esa oportunidad si afronta una situación financiera que los propios funcionarios describen como asfixiante producto de la discriminación histórica que sufre en la distribución de recursos federales, a la que se suman acontecimientos mucho más recientes como la poda libertaria a una serie de fondos que venía recibiendo la administración bonaerense.
Kicillof optó eludir “por ahora” ese programa nacional con un mirada más política que económica. “Todas estas provincias tienen problemas para pagar sueldos; nosotros, no”, inflan el pecho en la Gobernación. Existen otras razones. Una de las principales, confrontar a la Casa Rosada frente a las acusaciones de “mala administración” que encumbrados funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, suelen descerrajar sobre la gestión bonaerense.
Esa decisión no aparece exenta de riesgos. El mes próximo la Provincia tendrá que volver a sentarse con los gremios estatales y docentes a discutir salarios en un contexto de inflación creciente y habrá renovadas demandas de aumento sobre la mesa. Varios municipios, además, están haciendo malabares para cumplir con los sueldos e incluso algunos de ellos debieron postergar el pago a funcionarios por falta de recursos
No son los únicos frentes abiertos. La Nación se dispone a hacer un nuevo recorte sobre un plan que garantiza el acceso gratuito a medicamentos esenciales para personas sin obra social y el faltante deberá ser cubierto por la Provincia y los municipios que cuentan con centros asistenciales.
El gobierno bonaerense prefiere enfocarse en la cita del 21 de abril que tiene pautada en la Corte Suprema. Ese día, se supone, funcionarios nacionales deberían acercar una propuesta para saldar la deuda que Anses tiene con el Instituto de Previsión Social. El organismo nacional dejó de girar recursos para solventar el déficit del IPS, un compromiso que rige desde hace años y que firmaron distintas provincias con la Nación por las cajas jubilatorias no transferidas.
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La deuda acumulada sería de 2 millones de millones de pesos. Kicillof espera un fallo favorable que, incluso, podría no garantizar un desembolso automático de recursos. Jorge Macri podría dar fe de ello: aún con sentencia a favor, no logra el pago total de una millonaria obligación de la Nación en concepto de coparticipación.
Embarcado en su proyección nacional, el Gobernador debe atender otros frentes. El compromiso para cubrir las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte antes de mitad de año ingresó en tiempo de descuento. Es un asunto por demás espinoso porque por estas horas se habla de una posible “revisión” del esquema original que se cerró allá por finales del año pasado para que la Legislatura terminara aprobando la autorización de endeudamiento que reclamaba el mandatario.
Si bien sigue firme la idea de que un ministro sea promovido por Kicillof, otro por el kirchnerismo y un tercero por Sergio Massa, la incógnita envuelve el auspicio que tendría el cuarto candidato. Si bien en un principio se habló de un dirigente radical cercano al esquema del senador nacional Maximiliano Abad, distintas versiones dejan trascender que esa idea no estaría tan firme.
Corre en la política bonaerense la teoría de los “mulettos”, esto es, nombres ajenos promovidos desde distintos sectores. Hay quienes sostienen que la Gobernación no vería con malos ojos que un dirigente radical cercano al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, fuera el cuarto en debate. Se habla del ex decano de la facultad de Derecho de La Plata, Miguel Berri.
Massa podría estar empujando a algún representante de los libertarios “blue” con los que muestra sintonía. El nombre que más se menciona es el del senador Sergio Vargas. La Cámpora, en tanto, preferiría seguir el esquema tradicional y que se designe a un representante del radicalismo abadista.
Pero los pliegos de designación, como el poncho de aquella pieza de folclore, todavía no aparecen por un Senado que sigue paralizado por la interna peronista.
No se trata de un tema menor. De por sí, está la cuestión institucional y el funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial bonaerense. Pero la política vuelve a colarse: ya no se descarta que la nueva composición de la Corte deba expedirse sobre la reelección de los intendentes.
Kicillof quiere volver a las reelecciones indefinidas y el massismo y La Cámpora se oponen. Algunos dirigentes están promoviendo la alternativa de que sea la Corte la que defina la suerte -y el futuro político- de 81 jefes comunales que no podrían volver a presentarse en 2027.
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