El Gobierno intenta que el Congreso ratifique el tratado pese a todo

El Gobierno nacional avanzará en febrero con la ratificación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, a pesar de que el Parlamento Europeo decidió frenar su implementación al enviar el tratado al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Pese a este escenario, el freno europeo no alteró la estrategia del oficialismo en la Argentina. La ratificación del acuerdo fue incluida en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo aspira a que sea aprobada por ambas Cámaras del Congreso en febrero, con el objetivo de convertir al país en el primero del Mercosur en dejar operativa la parte comercial del tratado.

“Sigue todo igual acá”, señalaron fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados, que evitaron calificar la situación como un “freno”. En el mismo sentido, desde el Senado anticiparon que el tratamiento seguirá adelante. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron desde el bloque libertario.

El apuro del Gobierno se explica, en parte, por las ventajas comerciales que implicaría la entrada en vigencia del acuerdo. Entre ellas, la posibilidad de cubrir antes que otros socios regionales cuotas de exportación, como las vinculadas al sector cárnico.

Desde el oficialismo también destacan que el trámite parlamentario se ve facilitado porque los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad, sin modificaciones parciales. Además, recuerdan que las negociaciones se extendieron durante 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento que, sostienen, debería acelerar su aprobación.

En ese marco, varios bloques ya adelantaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019” y subrayó que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para las PyMEs, las economías regionales y los exportadores”. Desde la UCR, en tanto, afirmaron que “en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables”.

También expresaron su apoyo espacios del centro, como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, el diputado Maximiliano Ferraro, consideró que se trata de “una jugada estratégica para reafirmar la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, junto con la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, basado en reglas claras y previsibilidad”.

En contraste, el peronismo aún no fijó una posición definitiva y reclamó que la Cancillería remita el texto final del acuerdo para poder analizarlo junto a los sectores productivos y del mundo del trabajo.

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