Que sí se corte: el telemarketing no deseado, un dolor de cabeza

En el Gran La Plata atender el teléfono se volvió, para muchos, una experiencia incómoda. Lo que aparece en la pantalla a menudo no es un contacto conocido: del otro lado suele haber una oferta, una promoción o directamente un intento insistente de venta. Para miles de usuarios, esa reiteración ya tiene nombre propio: acoso telefónico.

No se trata de casos aislados. Detrás de esas llamadas hay un sistema extendido de telemarketing que funciona a partir de bases de datos que se compran, se venden y circulan sin demasiado control. La buena noticia es que existe una herramienta legal para frenarlo. La mala: no siempre alcanza con usarla.

“Antes era al revés: las llamadas caían siempre en el teléfono fijo. Ahora casi no suena. Todo se trasladó al celular”, cuenta Facundo Lagos Martínez, vecino de La Plata. “Hoy, sin ir más lejos, me llamaron tres veces. Eran números con prefijo de Córdoba, pero cuando atendés, te ofrecen promociones o directamente cortan. Lo más molesto es que arrancan temprano: a veces a la mañana ya te están llamando, y después siguen durante el día. Incluso alguna vez me pasó de atender de noche, pensando que era algo importante, y era lo mismo”.

En su caso, además, la insistencia tiene un impacto concreto: “Estos días estoy esperando una llamada importante por un turno de un estudio para mi mamá, entonces estoy obligado a atender todo. Y ahí es cuando más te das cuenta del problema, porque terminás respondiendo cosas que no te interesan por miedo a perder algo importante”.

Una ley para poner un límite

El principal instrumento es el Registro Nacional No Llame, creado por la Ley 26.951. Su objetivo es claro: evitar que los usuarios reciban contactos comerciales no solicitados.

El sistema es gratuito, tiene alcance nacional -por lo que incluye a la provincia de Buenos Aires- y permite inscribir tanto líneas fijas como celulares. Una vez registrado, el número debería quedar fuera de las campañas publicitarias: las empresas están obligadas a consultar esa base antes de llamar.

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En teoría, el mecanismo es simple. En la práctica, no tanto. Tras la inscripción, las compañías tienen un plazo de hasta 30 días para dejar de contactar al usuario. Si las llamadas continúan pasado ese período, ya no se trata de una molestia: es un incumplimiento.

Qué hacer cuando llaman igual

Cuando el sistema falla, el siguiente paso es la denuncia. Puede hacerse dentro del mismo Registro No Llame y requiere algunos datos básicos: el número que realizó la llamada, la fecha, la hora y, si es posible, la empresa involucrada.

La autoridad encargada de intervenir es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene facultades para sancionar a las compañías que violen la normativa, incluidas entidades bancarias y empresas de telecomunicaciones.

El punto clave es que el sistema funciona en dos etapas: primero, la inscripción; después, la denuncia. Sin ese segundo paso, las infracciones muchas veces quedan impunes.

Claudia Sainz, también platense, fue una de las vecinas que desde el barrio Hipódromo envió su reclamo al WhatsApp del diario, durante la semana que pasó, describiendo una rutina parecida: “Estoy anotada en el Registro No Llame hace tiempo, pero igual sigo recibiendo llamadas. Hay días tranquilos, pero en otros te llaman varias veces. Lo que más bronca da es el horario: pueden arrancar bien temprano y después aparece algún descolgado a la noche. Una vez atendí cerca de las nueve y era una grabación automática. Encima cambian de número todo el tiempo, así que bloquear no alcanza”.

Otras puertas para golpear

Además del canal nacional, existen vías complementarias, especialmente útiles en casos más graves o persistentes.

Las Defensorías del Pueblo, tanto la provincial como las municipales, y las oficinas de Defensa del Consumidor pueden intervenir cuando hay reiteración excesiva, uso indebido de datos personales o sospechas de estafa.

Incluso, si las llamadas se vuelven constantes y agresivas, pueden encuadrarse como hostigamiento, lo que habilita la vía judicial.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires remarcan que el alcance del sistema es concreto y no siempre coincide con la percepción de los usuarios.

“Es importante aclarar que el Registro Nacional No Llame, creado por la Ley 26.951, está orientado específicamente a prevenir llamadas y mensajes con fines publicitarios o promocionales no solicitados”, señalaron voceros del organismo.

En ese sentido, explicaron que el mayor caudal de consultas se concentró en los primeros años de vigencia de la norma. “Este tipo de reclamos ingresó principalmente con anterioridad y durante la implementación de la ley, oportunidad en la que se brindó orientación y asesoramiento a la ciudadanía para la inscripción en el Registro No Llame y el ejercicio de sus derechos frente a estas prácticas”, indicaron.

Hoy, en cambio, el escenario es distinto. “En la actualidad no registramos casos o una conflictividad significativa vinculada específicamente a esta temática en nuestros canales de atención”, afirmaron desde la Defensoría, marcando un contraste con el período inicial de mayor demanda.

De todos modos, aclararon que el organismo mantiene su disposición a intervenir dentro de sus competencias. “En caso de que se presentaran situaciones de este tipo, la Defensoría cumpliría, como en otros casos, su función de asesoramiento, orientación y acompañamiento a las y los ciudadanos en la problemática específica planteada”, sostuvieron. Y agregaron un punto clave: “Se debe tener presente que no posee facultades sancionatorias en esta materia”.

La sofisticación de los mecanismos de contacto muchas veces logra eludir los controles

Respecto de las recomendaciones para la ciudadanía, insistieron en la importancia de verificar el estado del trámite. “Sugerimos comprobar en el sitio web oficial del Registro No Llame que la inscripción se encuentre efectivamente vigente y, en caso de no estar registrado, proceder a hacerlo”, indicaron.

Por último, dejaron abierta la vía de contacto directo con el organismo: “Ante dudas sobre el funcionamiento del sistema o eventuales inconvenientes, las y los vecinos pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoramiento y acompañamiento sobre los pasos a seguir”.

Sin embargo, la percepción de los usuarios muchas veces va por otro carril. En foros, redes sociales y reclamos informales, y en la conversación cotidiana, vecinos del Gran La Plata describen una experiencia persistente: llamadas reiteradas, incesantes números aleatorios y bloqueos que no alcanzan. La sensación de acoso aparece como una constante, incluso entre quienes aseguran estar inscriptos en el registro.

Esa brecha entre la baja conflictividad formal que reporta la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el malestar cotidiano que relatan los usuarios abre interrogantes sobre el funcionamiento real del sistema. Especialistas en consumo y protección de datos coinciden en que buena parte del problema radica en la circulación de bases de datos y en la sofisticación de los mecanismos de contacto, que muchas veces logran eludir los controles tradicionales.

Masivo y difícil de dimensionar

Aunque no hay estadísticas finas por región, los datos nacionales permiten aproximarse a la magnitud del fenómeno. En un solo año, más de 155.000 líneas se inscribieron en el registro, y hubo sanciones a grandes empresas por incumplimientos.

Tras la aplicación de multas, las denuncias disminuyeron, lo que sugiere que la regulación tiene efecto. Sin embargo, la persistencia de las quejas indica que el problema sigue lejos de resolverse.

En la experiencia cotidiana de los usuarios, el patrón se repite: números que cambian constantemente, llamadas que se multiplican a lo largo del día y bloqueos que resultan inútiles frente a nuevas líneas que vuelven a insistir.

El negocio detrás del negocio

El origen del problema está bastante claro. Muchas de estas comunicaciones se apoyan en bases de datos obtenidas a partir de registros online, promociones, sorteos o aplicaciones.

Esa información luego es utilizada, o comercializada, por empresas de telemarketing que automatizan los llamados y detectan números activos para futuras campañas.

La ley intenta poner un freno a ese circuito. Pero su efectividad depende, en gran medida, del comportamiento de los usuarios: registrarse y denunciar.

¿Una solución parcial?

El acoso telefónico comercial es, en definitiva, un problema estructural vinculado a otro: el abuso de datos personales en la economía digital. El Registro No Llame es una herramienta clave, pero no automática. Funciona si se activa. Y, sobre todo, si se usa hasta el final.

Es una herramienta necesaria, pero no suficiente. Su eficacia, como señalan desde las propias Defensorías, depende no solo de la inscripción, sino también de la denuncia y del seguimiento de cada caso.

Mientras tanto, para miles de usuarios, el problema sigue siendo concreto y cotidiano: atender el teléfono sin saber quién será el interlocutor. O correr el dedo sobre la pantalla del celular para rechazar el contacto, toda vez que aparezca la advertencia “posible spam”. O, cada vez más, directamente dejar sonar el tono, hasta que se extinga.