"Pymes", un "call center" y hasta un sauna: el entramado delictivo que desarticularon en la Unidad 9 de La Plata

La justicia platense desarticuló una red de comercio ilegal que funcionaba en el interior de una unidad penitenciaria de La Plata. El operativo reveló el desvío de mercadería y la presencia de dispositivos electrónicos prohibidos en un sector destinado a exmiembros de fuerzas de seguridad.

Bajo la dirección de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N° 7, se ejecutó un allanamiento de gran escala el pasado viernes. El procedimiento tuvo lugar en el pabellón 16 del penal, un área donde se alojan internos con pasado en fuerzas de seguridad.

La medida contó con el aval de la jueza Marcela Garmendia, a cargo del Juzgado de Garantías N° 5. En el acta oficial se detalla la participación de funcionarios judiciales, efectivos de la DDI y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron una inspección minuciosa en cada celda.

El resultado de la requisa sorprendió a los investigadores por la cantidad y calidad de los elementos incautados. Dentro de un ámbito donde la conectividad debe estar estrictamente regulada, las autoridades retiraron: más de cien teléfonos celulares y computadoras portátiles, equipos de conexión a internet, routers y amplificadores de señal, consolas de videojuegos de última generación, como PlayStation 4 y 5, dispositivos de almacenamiento de datos y grandes cantidades de cigarrillos y productos destinados a la venta informal.

La investigación penal se originó tras la sospecha de irregularidades en el manejo de los insumos básicos. Según los datos que maneja la fiscalía, una parte de los alimentos y suministros que debían recibir todos los internos era interceptada antes de su entrega.

"PYMES" PENITENCIARIAS

La denuncia detalla la existencia de múltiples emprendimientos comerciales ilícitos que operan dentro del pabellón, utilizando insumos que el Estado provee para la alimentación gratuita de la población carcelaria.

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Desde una rotisería y una repostería, donde describieron la venta diaria de pizzas (a 17 mil pesos), gaseosas (a 25 mil pesos), sándwiches de milanesa (a 16 mil pesos), tortas y pastafrolas (a 9 mil pesos).

Los denunciantes afirmaron que elementos como carne, pollo, harina y aceite son desviados de los depósitos oficiales de la unidad. Para el acopio, los líderes cuentan con freezers y heladeras de gran porte. Además, comercializaban centenares de paquetes de cigarrillos diariamente a internos de toda la unidad, permitiendo el ingreso de compradores de otros pabellones.

Además, en el pabellón se desarrollaba hasta una peluquería. En un espacio reducido se instaló un salón donde los cortes de cabello son obligatorios para mantener la "buena convivencia". El costo ascendía a 4 mil pesos o tres paquetes de cigarrillos, que luego eran revendidos.

Un "call center", extorsiones y un sauna desarticulados

Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la descripción de beneficios y herramientas prohibidas que evidencian una connivencia con autoridades. Según se pudo conocer, el pabellón contaría con múltiples routers wifi distribuidos en celdas estratégicas. Estos dispositivos brindaban conexión a teléfonos no registrados para operar un "call center" dedicado a estafas electrónicas. El acceso a esta red se alquila a otros internos por sumas de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales.

En el lugar se había instalado un hidromasaje y un sauna, beneficio utilizado tanto por internos con alto poder económico. 

Sin embargo, para permanecer en este sector y evitar el traslado a pabellones comunes, los internos se veían obligados a pagar un "canon de estadía". Los hombres debían abonar una cuota mensual de dos paquetes de cigarrillos al mes para mantener su lugar. Además, para el acceso al gimnasio del pabellón se requería el pago adicional de tres paquetes de cigarrillos mensuales.

Asimismo, trascendió que las familias de los internos no estaban exentas. Para poder utilizar el Salón de Usos Múltiples (SUM), los familiares debían entregar dinero, alimentos o artículos de limpieza. Aquellos que no cumplían podían sufrir la suspensión de las visitas o "patoteadas".