Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un nuevo paso en el proceso destinado a actualizar el esquema tarifario del servicio eléctrico, al avanzar con una instancia formal dentro de la denominada Revisión Tarifaria Integral (RTI), un mecanismo que busca redefinir los costos del sistema y las tarifas que pagan los usuarios.

La medida forma parte de un proceso administrativo impulsado por las autoridades provinciales para revisar los cuadros tarifarios de las distribuidoras que operan en el territorio bonaerense. Según se informó oficialmente, el objetivo es analizar la estructura de costos del servicio eléctrico y evaluar posibles ajustes en función de las inversiones necesarias para sostener y mejorar la red.

El proceso de RTI había sido iniciado por la Provincia mediante la Resolución N°1133/2024 y contempla distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetico es conocer en detalle los costos de la distribución de energía de las cuatro compañías de energía: EDELAP, EDES, EDEA y EDEN.

En concreto, con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantice un servicio eléctrico de calidad, actualice la infraestructura según la demanda actual, y reafirme el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas.

Según informaron desde la Provincia, otra de los objetivos que persigue la RTI es mejorar los parámetros de calidad del servicio y al mismo tiempo garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 está vinculada a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica para garantizar la prestación del servicio en condiciones adecuadas. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

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Según la documentación oficial, esta etapa es fundamental para todo el proceso porque va a culminar en un informe final en el cual el Ceare va a sugerir un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contiene numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones.

La resolución también establece que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos para esta segunda etapa del proceso.