La SIDE “te escucha”: refuerzan la contrainteligencia

El Gobierno Nacional oficializó la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE) que la dota de nuevas competencias y responsabilidades, y que incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

A través del decreto 941/2025, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, el Ejecutivo detalló las modificaciones que implementará en la secretaría que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz.

Se trata de una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia con la redefinición de funciones, la creación de organismos y la ampliación de facultades.

Y a reforzar básicamente la contrainteligencia que, para el Gobierno, “queda definida como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, dejando atrás prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna...”

El Gobierno tiene plazo hasta el 15 de enero para comunicar el dictado del DNU al Congreso y la bicameral tiene luego diez días hábiles para emitir dictamen, ya que si no lo hace se puede tratar sin despacho en el recinto de sesiones.

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, y la izquierda quieren derogar el DNU y consideran que la ley no establece que no se puede debatir en el receso o extraordinarias, pero admitieron que no será “fácil” y que primero se debe garantizar los 129 diputados para tener quórum.

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De acuerdo a la ley el DNU se puede convalidar con el aval de una sola cámara, mientras que su rechazo se debe hacer con la votación de las dos cámaras

La SIDE vigilará a toda la administración nacional

En la letra del decreto, se ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y rector del sistema, y se detalla que pasa a estar integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); y la Inspectoría General de Inteligencia. Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE.

Asimismo, detalla que la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y cuenta con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. Además, amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.

Por su parte, la administración libertaria diferencia ciberseguridad, relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia que analiza amenazas en el ciberespacio y anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficia de autoridad nacional en ciberseguridad.

Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en la sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere.

La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención es evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.

La polémica por las detenciones

También autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este último es quizás el punto más controversial, que generó el rechazo de un sector de la oposición.

Los opositores rechazaron con énfasis el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

En la justificación de la articulado, el Gobierno refuerza además el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, subrayan. Y prohíbe el espionaje interno por razones políticas o religiosas.