Belén, Paola y una deuda pendiente: cuando las emergencias obstétricas se convierten en delitos

El estreno de “Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi e inspirada en el caso de una joven tucumana encarcelada tras un aborto espontáneo, reabrió un debate que parecía saldado sobre la criminalización de mujeres por la interrupción de su embarazo.

Sin embargo, pese a la legalización del aborto en Argentina en 2020, hoy todavía hay mujeres detenidas por eventos obstétricos, es decir, por interrupciones involuntarias del embarazo que fueron tratadas como delitos en lugar de situaciones médicas. En particular, las mujeres más afectadas por estas imputaciones son mujeres jóvenes en contextos de vulnerabilidad.

Los órganos internacionales de derechos humanos, en particular la Corte Interamericana, ya señalaron que estas respuestas punitivas constituyen violencia institucional, discriminación y violaciones al debido proceso.

En Argentina, uno de los casos que hoy refleja ese patrón es el de Paola Ortiz, detenida hace 13 años en Córdoba tras sufrir un parto en avalancha, una emergencia obstétrica que ocurre de forma súbita con alto riesgo.

Un proceso judicial marcado por estereotipos

Paola Ortiz fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y condenada a prisión perpetua tras un parto en avalancha. Según su defensa, el proceso estuvo atravesado por irregularidades ya que Paola declaró sin asistencia letrada, fue estigmatizada como “mala madre” y se usó como prueba central una pericia que no permite determinar con certeza el nacimiento con vida del feto.

Tampoco se consideró su contexto de extrema vulnerabilidad. Paola vivía en situación de pobreza, sin redes de apoyo y atravesando años de violencia física, psicológica, sexual y económica. La causa cambió de carátula varias veces y la sentencia se apoyó en expectativas irreales sobre cómo debe actuar una mujer en una emergencia obstétrica, exigiéndole conocimientos médicos que no tenía.

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Desde 2022, Católicas por el Derecho a Decidir impulsa un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. El planteo se apoya fundamentalmente, entre otros argumentos, en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana.

Lo que dijo la Corte Interamericana

En el caso “Manuela y otros vs. El Salvador” (2021), la Corte Interamericana analizó la situación de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica, fue denunciada por el personal de salud y terminó condenada por homicidio agravado. Allí, el organismo concluyó que la acusación se apoyó en estereotipos de género, violaciones al secreto médico, un uso indebido del derecho penal y una investigación marcada por prejuicios. La Corte advirtió que existe una criminalización discriminatoria sistemática hacia mujeres en situación de vulnerabilidad cuando enfrentan emergencias obstétricas.

Según la defensa de Paola, estos elementos también aparecen en su caso porque no se valoró su vulnerabilidad estructural, se emplearon pruebas insuficientes y la investigación estuvo atravesada por estigmas sobre la maternidad y expectativas irreales sobre cómo debía actuar en una situación de riesgo extremo.

Otro precedente relevante es “Beatriz y otros vs. El Salvador” (2023), que analizó la negativa estatal a permitir un aborto terapéutico, un procedimiento médico necesario para proteger la vida o la salud de la mujer, a una paciente con una enfermedad grave y un embarazo inviable. Aunque no se trató de una emergencia obstétrica criminalizada, la Corte estableció un principio aplicable a este contexto, según el cual los Estados deben garantizar atención en salud sin criminalización.

Un patrón regional que persiste

Los organismos internacionales han identificado un patrón regional donde emergencias obstétricas son tratadas como delitos en lugar de situaciones médicas. En el caso de Paola se dan muchos de estos elementos: presunción de culpabilidad, estereotipos de “mala madre”, falta de asistencia médica adecuada, ausencia de defensa efectiva y un proceso penal que reemplazó lo que debió haber sido una intervención sanitaria.

La historia que Belén devuelve a la conversación pública muestra que estos casos no son aislados. Mientras la película recorre festivales internacionales, el expediente de Paola sigue pendiente de revisión.