Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

En menos de 24 horas, el gobierno nacional tuvo dos fuertes traspies en el Congreso. Ayer decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y llevar la discusión recién al 10 de febrero de 2026, en una segunda etapa de las sesiones extraordinarias. La medida marcó un giro en la estrategia legislativa de Javier Milei, que aspiraba a obtener, al menos, la media sanción antes de fin de año, y expuso las dificultades del oficialismo para sostener consensos en un palacio legislativo fragmentado y atravesado por tensiones políticas y sindicales.

El anuncio lo hizo la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, durante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, luego de una extensa jornada de exposiciones.

Según explicó, la decisión respondió al pedido de distintos sectores para contar con más tiempo de análisis y abrir el texto a eventuales modificaciones. “Vamos a firmar un dictamen abierto y proponemos pasar el debate al 10 de febrero”, sostuvo la senadora, al justificar el cambio de calendario.

La postergación se produjo en un contexto complejo para el oficialismo. Ayer, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una movilización masiva en rechazo al proyecto, en el marco de un plan de protesta que incluyó advertencias sobre la posibilidad de un paro nacional si la iniciativa avanza sin cambios.

En paralelo, el Gobierno enfrentó serias dificultades con el Presupuesto 2026, que logró media sanción en Diputados pero sin un capítulo clave para la Casa Rosada (ver aparte). Ese traspié encendió alarmas en el oficialismo, que optó por priorizar la aprobación del plan de gastos y reordenar su agenda parlamentaria. La reforma laboral, uno de los proyectos más sensibles del paquete de cambios estructurales que impulsa Milei, quedó así relegada a febrero.

Sin los votos garantizados

La lectura interna en el Senado fue clara: los votos no estaban garantizados. Aunque LLA confiaba en reunir el quórum con el apoyo del PRO, la UCR y bloques provinciales, el clima político se volvió espeso tras las últimas sesiones. “Una cosa es el dictamen y otra el recinto”, reconocían incluso en sectores dialoguistas. El riesgo de una derrota o de un debate desordenado llevó al oficialismo a levantar el pie del acelerador.

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Las negociaciones, además, quedaron atravesadas por el resquebrajamiento de alianzas clave. El tratamiento del Presupuesto y la disputa por los cargos en la Auditoría General de la Nación tensaron al máximo la relación con el PRO, que expresó su malestar por maniobras que consideró desleales. Aunque ese bloque ratificó su apoyo a la reforma laboral, advirtió que el acompañamiento futuro será “ley por ley”.

Desde la oposición, el anuncio fue recibido con cautela. El senador Mariano Recalde valoró que se extienda el debate, aunque cuestionó que el dictamen no incorpore los planteos realizados durante las exposiciones. Para el peronismo y los bloques sindicales, la prórroga abre una nueva etapa de discusión, pero no despeja el conflicto de fondo sobre el contenido del proyecto, aunque ya se aseguraron la permanencia de la cuota sindical.

La iniciativa del Gobierno propone cambios profundos en materia de indemnizaciones, convenios colectivos, salarios y vacaciones, entre otros puntos. Desde la CGT y sectores afines insisten en una agenda alternativa que incluye la reducción gradual de la jornada laboral, garantías para trabajadores de plataformas, participación en las ganancias y ampliación de licencias, entre otros reclamos que ya habían tenido tratamiento parlamentario en años anteriores.

Presupuesto al Senado

Con la reforma laboral en pausa, la prioridad inmediata del oficialismo pasa por cerrar el capítulo del Presupuesto 2026 en el Senado y recomponer el diálogo con gobernadores y aliados circunstanciales. Febrero aparece como una instancia decisiva, pero con un escenario distinto: más tiempo para negociar, aunque también con un mapa político más fragmentado y con el antecedente de un diciembre que dejó en evidencia los límites del poder parlamentario del Gobierno.

La postergación no implica el abandono del proyecto, pero sí confirma que la estrategia de avanzar a ritmo acelerado encontró resistencias. Para la Casa Rosada, el costo fue admitir que sin acuerdos sólidos no hay margen para reformas de alto impacto. Para los gremios y la oposición, el freno representa una oportunidad para influir en un debate que promete seguir en el centro de la agenda económica y política en el arranque de 2026.

Además del frente sindical, el Gobierno deberá administrar el impacto económico de la postergación. En el sector empresario, especialmente entre pymes y cámaras industriales, la demora refuerza un clima de incertidumbre regulatoria que frena definiciones sobre contratación y costos laborales.

Aunque algunos actores valoran que se abra una instancia de diálogo más amplia, otros advierten que la falta de reglas claras prolonga la cautela en un contexto de actividad todavía débil. En ese marco, febrero aparece no solo como una nueva fecha parlamentaria, sino como una señal clave para medir la capacidad del oficialismo de ordenar su agenda económica y reconstruir confianza política y empresarial.