Villarruel, con los tacos de punta contra Vialidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó públicamente a Vialidad Nacional y a su administrador general, Marcelo Campoy, por la decisión de exigir el pago de un canon de 560 mil pesos para autorizar la tradicional peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, una de las manifestaciones de fe más concurridas de Misiones.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la titular del Senado calificó la medida como “insensata” y contraria al espíritu del gobierno libertario. “¿Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias”, expresó, marcando un nuevo distanciamiento con un sector del Ejecutivo.

Situación llamativa

El episodio se produjo luego de que, por primera vez en 24 años, la Iglesia de Misiones se viera obligada a abonar un canon para obtener la autorización administrativa necesaria para que miles de fieles se desplazaran por la ruta nacional 12 rumbo al santuario mariano de Loreto. La peregrinación, que se realiza desde hace décadas, convoca a familias, parroquias, jóvenes y adultos mayores de toda la región y es considerada un evento central en el calendario religioso provincial.

Fuentes eclesiásticas explicaron que el pago se realizó ante el temor de que una negativa oficial impidiera el desarrollo normal de la actividad. Aunque la autorización finalmente fue concedida, el cobro generado por Vialidad Nacional reavivó el debate sobre las condiciones que deben cumplirse para organizar actividades masivas en rutas nacionales y sobre el rol del Estado en iniciativas de tipo comunitario o religioso.

El pronunciamiento de Villarruel no pasó desapercibido dentro del oficialismo. La vicepresidenta ya había protagonizado otros cruces con la gestión de Javier Milei, especialmente en temas vinculados a la dinámica interna del Senado, la relación con gobernadores y algunas definiciones de su gabinete. Su crítica vuelve a exponer las fricciones que atraviesan la convivencia política entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado.

La abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) mantiene desde hace años un fuerte vínculo con sectores del conservadurismo católico. Parte importante de su electorado proviene de comunidades religiosas tradicionales y de organizaciones vinculadas a la defensa de valores “provida” y familiares.

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Por ese motivo, su posicionamiento frente al canon impuesto a la peregrinación fue bien recibido entre grupos católicos de Misiones, que ven la medida oficial como un obstáculo innecesario para una actividad que se sostiene desde hace más de dos décadas sin incidentes.

Mientras tanto, Vialidad Nacional no emitió aclaraciones públicas sobre los motivos puntuales de la tarifa aplicada ni si evaluará modificar el procedimiento para futuras peregrinaciones o eventos masivos. En Misiones, dirigentes locales y referentes religiosos esperan que este episodio derive en una revisión del mecanismo y en una mayor coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales y la Iglesia para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.