Secreto fiscal de ARBA levantado y un amigo bajo la lupa

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó ayer dos nuevos frentes que profundizan el cerco sobre su patrimonio y su círculo cercano.

En este marco, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, busca acceder a las declaraciones tributarias vinculadas a los inmuebles que el matrimonio tiene en territorio bonaerense, entre ellos la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en venta en La Plata.

Previamente ya se había levantado el secreto fiscal de ambos ante ARCA, pero en la agencia provincial la normativa es distinta y requería un pedido especial.

El objetivo declarado es reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del funcionario y su mujer.

La Justicia tiene en su radar cinco inmuebles a nombre del matrimonio.

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Según los testigos que ya declararon en la causa, dos de esas propiedades -la casa del country y el departamento de Caballito donde vive la familia- fueron posibles gracias a que cuatro personas, en operaciones separadas, facilitaron a Adorni un total de 300.000 dólares. El juez Lijo también extendió el levantamiento del secreto fiscal a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas o acreedoras del funcionario: las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, y las policías Graciela Molina y Victoria María José Cancio.

En paralelo, Lijo ordenó analizar las llamadas de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo de Adorni que viajó en avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este.

La tarea quedó en manos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), organismo especializado de la Corte Suprema, y también alcanza a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora de Grandio.

La DAJuDeCo revisará todas las comunicaciones de ambos desde enero de 2023, con el objetivo de detectar interlocutores frecuentes que puedan ser relevantes para la causa.

Esos datos serán cruzados con las fechas en que se firmaron los contratos entre ImHouse y el Estado, para determinar si Adorni u otros funcionarios tuvieron alguna influencia irregular en esas contrataciones.

La productora consiguió seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional, que incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por Grandio, programas de streaming y radio.

El primer contrato se firmó apenas cuatro meses después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete.

Por el viaje a Punta del Este, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que el traslado en avión privado pudo haber sido una dádiva. Se pagaron 4.830 dólares por la ida .facturados a ImHouse- y otros 3.000 dólares por el regreso, abonados en efectivo por Grandio.

Hasta el momento, Adorni no presentó ningún comprobante que acredite que pagó su parte de los vuelos.