Pedido de información: un fiscal federal puso la lupa en el entramado de las fotomultas

Un complejo entramado de causas por el manejo, sistematización y cobro de infracciones viales a través de la instalación de cinemómetros en la Provincia de Buenos Aires, comenzó a exponer ya hace un tiempo la existencia de expedientes cruzados, denuncias paralelas y actuaciones que se superponen entre la Justicia Federal y la ordinaria.

En medio de ese escenario, cada vez más oscuro, crecen las sospechas por un negocio que despertaría muchos intereses, ya que movería cifras verdaderamente millonarias.

Como ha informado este diario en anteriores publicaciones, muchos de los principales protagonistas del sector aparecen varias veces como denunciantes y otras tantas como denunciados, lo que daría cabal demostración de la virulenta puja que se libra en tribunales.

Por eso tantos interrogantes. El manejo del dinero, la intermediación de fundaciones universitarias, el recorrido de las actuaciones y las posibles conexiones entre hechos que hoy son analizados en diferentes jurisdicciones, figuran entre los aspectos que conforman este frente de tormenta casi perfecto.

Así, mientras avanzan las diferentes pesquisas, el caso suma capítulos marcados por acusaciones cruzadas, medidas judiciales que van en distintas direcciones y un clima de creciente tensión alrededor de una trama que parece salpicar a actores de peso dentro del mercado de los cinemómetros.

En ese enrarecido contexto, la novedad de las últimas horas la dio el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Paul Starc, quien le remitió un oficio al titular de la UFI Nº 11 de La Plata, Álvaro Garganta, para que le comparta información de dos investigaciones a su cargo. Es a los efectos “videndi et probandi”.

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Concretamente, el fiscal Starc quiere las causas de las fotomultas que tramitan en nuestra ciudad, en especial las pruebas sobre los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados, y un peritaje de la Policía Aeroportuaria, que revelaría presuntos negocios de lavado de activos.

Esas actuaciones se iniciaron ante la sospecha de un esquema de borrado de infracciones y percepción de favores por otros carriles ilegales.

De acuerdo a fuentes calificadas, entre los expedientes que despertaron el interés del fiscal federal, que lleva adelanto el caso “Tránsito Seguro y otros s/ asociación ilícita (2577/2026)”, se encuentra la denuncia que le hicieron a Claudio Tapia, presidente de la AFA, como titular del CEAMSE.

Los mismos voceros recordaron que fue el empresario Leandro Camani, en representación de la empresa Secutrans S.A., quien le endilgó actitudes maliciosas por no cumplir un acto administrativo dictado por el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, por el cual se dispuso la colocación de equipos de control de infracciones en el Camino del Buen Ayre y por interrumpir la efectividad de equipos ya operativos en dicha traza.

Según la presentación, Jorge D’Onofrio, que debió renunciar a esa Cartera después de las denuncias en su contra, dispuso la colocación de equipos en el Buen Ayre, lo cual fue materializado y, meses después, sin mediar acto administrativo ni comunicación alguna, Tapia habría interrumpido el funcionamiento de dichos dispositivos mediante cortes de energía.

La presentación acusa a Tapia de haber realizado cortes deliberados de electricidad y daños sobre cables que alimentaban los equipos de fiscalización automática instalados en el Camino del Buen Ayre.

El fiscal Paul Starc, del fuero federal, se metió en el barro de dos expedientes que tramitan en La Plata

Sin embargo, para Starc el punto central no está puesto en las denuncias en sí, sino en el posible circuito económico que las rodea.

La clave de este nuevo frente está en una hipótesis incorporada al expediente: un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advertiría sobre la posible utilización de multas que no se notifican o que nunca llegan a los conductores como mecanismo para lavar dinero.

Esa línea de análisis llevó a la fiscalía a comenzar a reconstruir el circuito completo de las actas y del dinero.

En esa lógica, los expedientes requeridos por la fiscalía federal no tendrían como objetivo revisar las denuncias en sí, sino utilizarlos como insumo para detectar patrones dentro del sistema integral investigado.

Es que las conexiones detectadas en las presentaciones judiciales vinculadas al negocio de las infracciones viales, es uno de los elementos que empezó a llamar la atención de los detectives.