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En medio de un escenario de reclamos generalizados al PAMI en todo el país, intendentes de la provincia de Córdoba formalizaron una presentación ante la delegación local por la falta de pago de prestaciones. Según indicaron, la deuda acumulada con municipios y prestadores impacta directamente en la capacidad de respuesta del sistema sanitario y compromete la continuidad de algunos servicios básicos.
Al no ser recibidos por el titular local del organismo, Eduardo Frayre, los jefes comunales ingresaron un documento por mesa de entradas en el que detallan que están utilizando recursos propios para garantizar la atención de adultos mayores en hospitales municipales, una situación que, aseguran, no es sostenible en el tiempo para las arcas locales.
En el planteo, advirtieron sobre la saturación de los servicios de salud, producto del incremento de afiliados del PAMI que recurren a centros públicos ante la falta de alternativas. También señalaron que los municipios están cubriendo traslados en ambulancia debido a fallas en empresas contratadas por la obra social, lo que incrementa aún más los costos operativos.
El reclamo incluye además las demoras en los pagos a farmacias y el deterioro de las prestaciones generales, con faltantes y dificultades en la provisión de medicamentos. En ese marco, solicitaron la implementación de un esquema de cancelación “previsible” y la apertura de una mesa de trabajo institucional para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto.
“No podemos permitir que la variable de ajuste sean nuestros jubilados”, afirmaron los intendentes, quienes también expresaron su apoyo a los médicos que vienen realizando protestas por recortes en sus ingresos. Como ejemplo de la crisis, mencionaron el caso del municipio de Noetinger, que debió afrontar el alquiler del local donde funciona una sede del PAMI ante la falta de pago del organismo.
La situación en Córdoba se suma a reclamos de prestadores de todo el país, que estiman una deuda acumulada de $500.000 millones, y a un paro reciente de médicos de cabecera. A su vez, varios gobernadores alertaron sobre la presión creciente sobre los sistemas de salud provinciales por la mayor demanda de afiliados del PAMI, lo que obliga a redireccionar recursos y tensiona los presupuestos locales.
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Desde el Gobierno nacional, el Ministerio de Economía dispuso una transferencia de $150.000 millones para aliviar la situación. Sin embargo, el ministro de Salud, Mario Lugones, reconoció que, pese a los pagos en curso, las dificultades persisten y el sistema continúa bajo presión. “La carga es muy grande y, a mayor edad, mayores son los requerimientos médicos”, sostuvo durante el AmCham Summit 2026.
En ese contexto, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, reclamó públicamente una solución urgente: “No se escondan más, pongan la cara y los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.
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