Investigan presunto pago de coimas en la gestión de Massa: las maniobras con el dólar oficial alcanzarían los US$ 1.500 millones

El fiscal Franco Picardi investiga maniobras y presuntas coimas realizadas en el marco del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que permitía a empresarios acceder a un dólar oficial más barato entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, en el que Sergio Massa fue ministro de Economía. En el Gobierno estiman que las maniobras ilegales con dólares oficiales en tiempos de cepo cambiario, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía en el mandato de Alberto Fernández, alcanzaría los US$ 1.500 millones.

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener permisos para importar, accediendo a un dólar oficial mucho más barato, para aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.

Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta hoy, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.

El SIRA era un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.

El SIRA permitía, entonces, habilitar importaciones y, en consecuencia, acceder al dólar oficial, en momentos en los que regía el denominado cepo cambiario.

Entre otras medidas conocidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.

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Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del Banco Central Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal.

Una “fortuna”

Según trascendió, los montos totales sobre los cuales se habrían cobrado las supuestas comisiones ilegales son multimillonarios. Sólo en 2023, bajo el cepo y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, la Argentina importó por casi 75.000 millones de dólares. Sólo el 1 por ciento de esa suma representa unos 750 millones. Y la investigación rastrea pagos ilegales diez veces más altos.

En concreto, el mecanismo de autorización habría funcionado entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, cuando finalizó el gobierno de Fernández y asumió la presidencia Javier Milei, y le daba acceso a las empresas que pagaban coimas a la moneda extranjera a un precio preferencial.

El esquema dependía de la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio, todas dependencias que se encontraban bajo la influencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

Según la investigación, las operaciones son de permisos para importaciones que efectivamente se realizaron. Las empresas que habrían accedido a pagar estarían identificadas por el fiscal, sumando el ilícito una cifra que supera los 3,5 millones de dólares. En ese marco, desde el actual Gobierno aseguran que este esquema llegó a involucrar entre 1400 y 1.500 millones de dólares. Y manifiestan que de ese total se perdió trazabilidad del 84%, calculan. Sobre el cierre del 2023, aseguran desde el Poder Ejecutivo, la maniobra frenó.

Según trascendió, los funcionarios imputados habrían aportado sus teléfonos y claves de acceso a la justicia, salvo la inspectora Romina García.

Luego de 30 allanamientos, el fiscal pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Se realizaron casi 30 allanamientos.

Además de los funcionarios mencionados, entre otros imputados se encuentran los dueños de casas de cambio Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.