Ayuda jurídica para un chico con discapacidad

Hace casi veinte años, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata abrió un espacio gratuito de atención jurídica a la comunidad. Se trata de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad, que recibe consultas, asesora de forma gratuita y, si es necesario las lleva hasta las últimas instancias judiciales. Uno de sus casos más recientes es el de Mateo, un joven de San Martín con síndrome de Down al que un juez decidió su futuro sin haberlo escuchado ni una sola vez.

Un proceso judicial iniciado por la madre de Mateo determinó que debía abandonar la escuela secundaria común donde había estudiado toda su vida para pasar a una institución de educación especial. La sentencia estuvo cargada de lo que José María Martocci, director de la Clínica, definió -en diálogo con EL DIA- como “todo el prejuicio de la discapacidad”. Fue el padre de Mateo quien llegó al espacio platense con esa situación bajo el brazo. Encontró un equipo de estudiantes avanzados y graduados recientes dispuestos a pelear una causa que, en apariencia, ya estaba cerrada.

La historia de Mateo

El caso de Mateo comenzó a fines de 2024. La decisión judicial que lo mandaba a la escuela especial se apoyaba en informes de equipos interdisciplinarios del tribunal, pero lo hacía sin escuchar al propio Mateo, sin considerar sus quince años de trayectoria en la escuela común, y a solo dos años de que pudiera recibirse. “El juez ordenó pasarlo de colegio sin tener la menor idea de él, salvo estos saberes supuestamente autorizados”, comentó Martocci.

Durante 2025, Mateo tuvo que asistir casi todo el año a la institución de educación especial. Mientras tanto, la Clínica fue construyendo el planteo jurídico. “Advertimos que el proceso que inició la mamá y que el juez aceptó era una barrera social para una persona con síndrome de Down”, explicó el director.

En julio, el juez finalmente accedió a conocer a Mateo. La audiencia duró casi dos horas. El joven llegó con un álbum de fotos que mostraba su vida: el fútbol, la música, los amigos, su pasión por Platense. Le habló al juez, habló con el equipo interdisciplinario. Dijo, con total claridad, que quería volver a una escuela común.

El dictamen que siguió reconoció que la voluntad de Mateo era auténtica. Tres meses después llegó la sentencia: la decisión anterior fue revertida y se ordenó su continuidad en una escuela secundaria común.

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En 2026, Mateo comenzó el último año del secundario en una escuela de San Martín. “Lo han recibido estupendamente”, dijo Martocci. Fue el final de un camino que sin la intervención de la Clínica local podría haber sellado su destino de otra manera.

Para Martocci, el caso sintetiza el el trabajo que se busca hacer: intervenir donde la justicia falla, darle voz a quienes el sistema calla, y usar el derecho como herramienta de transformación real.

“A veces se soluciona rápidamente o establecemos un litigio que puede durar años y desemboca en una decisión”, cerró.

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad funciona en el área de extensión de la Facultad de Derecho. Atiende los miércoles temas de salud mental y discapacidad, y los viernes cuestiones vinculadas a alimentación, niñez y otros derechos vulnerados. El horario es de 18 a 20, el acceso es completamente gratuito y el formato es el de una mesa redonda donde quien consulta relata su problema, el equipo lo escucha, le da un marco jurídico y define un camino.

“Somos cerca de entre 20 y 25 personas de manera estable”, explicó Martocci y agregó: “Es un espacio que mira hacia la comunidad. Recibimos no solo temas de discapacidad sino también de salud mental, docentes, alimentación, niñez”. Las intervenciones pueden resolverse rápido o convertirse en litigios que duran años. Lo importante, señaló el director, es que ninguna consulta queda sin respuesta.

Entre sus victorias más recientes se cuenta una acción de amparo colectivo en La Plata que representó a personas con discapacidad que habían perdido sus pensiones de manera arbitraria. “Logramos que todas se restituyeran”, reordó Martocci. El Estado nacional apeló, pero la Cámara Federal rechazó el recurso. Hoy ese colectivo cobra su pensión gracias a una acción nacida en las aulas de la Facultad de Derecho.