Semana clave en el caso Adorni por la compra de un departamento

Arranca otra semana clave en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado, entre otras denuncias, por la compra y financiación del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito en el que vive actualmente.

Por esta operación inmobiliaria está citado a declarar para el miércoles Pablo Martín Feijoo. Se trata del hijo de una de las jubiladas que le vendió la vivienda al funcionario y que fue mencionado como el gestor de la transacción de compraventa. Además, el hombre es señalado por testigos como amigo de Adorni y habría sido el encargado de acercar a las partes para que su madre y otra jubilada terminaran vendiéndole al jefe de Gabinete la propiedad escriturada en 230 mil dólares: 30 mil pagados en efectivo y otros 200 mil sin intereses que el ministro coordinador tiene que cancelar en noviembre próximo.

Feijoo fue citado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegado el caso que tramita en el juzgado de Ariel Lijo. Al testigo se le anticipó que tiene que llegar al quinto piso de Comodoro Py 2002 con su celular y comprobantes de todos los gastos realizados en la propiedad. Los investigadores creen que su testimonio puede ser determinante para reconstruir la ruta de la operación desde su origen.

Según registros oficiales, Feijoo visitó a Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre de 2025, un mes antes de la venta del departamento. Los testigos que ya declararon confirmaron que existe una relación de confianza previa porque sus hijos asisten al mismo colegio.

La adquisición del departamento de Caballito despierta dudas. Fue comprado previamente por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo por unos 200.000 dólares —luego de haberse publicado a la venta en 340.000 dólares—, con intervención de la inmobiliaria y el pago de una comisión. Antes de vendérselo a Adorni lo refaccionaron íntegramente y se lo cedieron por 230.000 dólares. Lo que se preguntan el juez y el fiscal es cómo se justifica la rentabilidad del negocio si se suman los costos de compra, comisión y obras, además de la financiación sin interés de casi el 90% del valor total.

En la Justicia, Viegas y Sbabo aseguraron desconocer los detalles de la operación, señalaron que la gestión estuvo a cargo de sus hijos y dijeron no recordar las obras realizadas. Ambas declararon haber utilizado ahorros propios para la compra inicial y que perciben haberes jubilatorios cercanos a los 350.000 pesos mensuales.

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Seguidilla de testigos

Antes de la declaración de Feijoo, hoy deberán presentarse los dueños de la inmobiliaria que intervino en la primera operación de venta del inmueble a las jubiladas. Se trata de la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. En tanto que para el miércoles también está convocado el encargado del edificio de la calle Miró al 500 de Caballito.

La ronda de citaciones de la semana cerrará el viernes con la declaración del contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien —según la información incorporada al expediente— estuvo a cargo de las obras en otra propiedad comprada por los Adorni: la casa ubicada en el country Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de la esposa, Bettina Angeletti.

La declaración de los testigos se suma a la serie de medidas que ordenó el juez Lijo en los últimos días, como la decisión de levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su mujer, así como también de seis mujeres identificadas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais; Norma Zuccolo; las jubiladas vinculadas al departamento de Caballito; y las otras dos mujeres que prestaron dinero contra hipoteca de otro departamento de los Adorni en Parque Chacabuco, Graciela Molina y Victoria Cancio.

En paralelo, la fiscalía busca incorporar al expediente los chats y registros de llamadas de los involucrados, una prueba clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones. Algo en lo que hasta ahora no se pudo avanzar con la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las transacciones, pero no aportó su teléfono celular al presentarse en tribunales: en su primera declaración dijo que no lo había llevado y al día siguiente, cuando regresó con documentación adicional, alegó haberlo olvidado en el auto.