Andrés Porta, director del CIM, junto a la becaria Brenda Badura (izq.) y la investigadora Daniela Giuliani (der.), integrantes de su equipo de investigación / CONICET
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Andrés Porta, director del CIM, junto a la becaria Brenda Badura (izq.) y la investigadora Daniela Giuliani (der.), integrantes de su equipo de investigación / CONICET
La ausencia de indicadores de calidad del aire en Google Maps en la Argentina no es una simple omisión tecnológica: es la manifestación de una deuda estructural en el acceso a la información ambiental. En el Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- esa carencia contrasta con décadas de producción científica acumulada que permite reconstruir, con bastante precisión, qué aire respiran sus habitantes.
Lejos de la falta de datos, lo que existe es una red dispersa de investigaciones alojadas en repositorios como el SEDICI, trabajos del CONICET y estudios del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM). Esa evidencia converge en un diagnóstico claro: la calidad del aire es, en términos generales, moderada a deficiente según estándares internacionales, aunque suele cumplir con la normativa provincial, más permisiva.
La región constituye un caso paradigmático por su estructura productiva. Allí conviven el polo petroquímico de Ensenada-Berisso -con la refinería de YPF y la planta de coque Copetro-, un casco urbano con tránsito creciente y un sistema de gestión de residuos en expansión. Esa combinación explica por qué las principales fuentes de contaminación son industriales, vehiculares y urbanas.
En ese contexto, investigaciones acumuladas durante más de 25 años -lideradas por especialistas como Porta, Colman Lerner y Giuliani- describen un sistema atmosférico con baja capacidad de autodepuración, influido por condiciones meteorológicas costeras y una intensa actividad humana.
Una revisión integral publicada en 2018 sobre el conglomerado del Gran La Plata, con más de 800.000 habitantes, concluyó que la región tiene una limitada capacidad de “autolimpieza” atmosférica. El estudio advirtió la ausencia de monitoreo público sistemático y recomendó la instalación urgente de al menos siete estaciones continuas para medir contaminantes clave como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino.
Ese diagnóstico fue reforzado por actualizaciones recientes del CIM difundidas en 2026: los datos locales coinciden con plataformas globales como Climate TRACE, que ubican al área como un hotspot de emisiones en la Argentina, impulsado por la industria, el transporte y los residuos.
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Sin embargo, aparece una contradicción estructural. Los niveles de contaminación suelen cumplir con normas provinciales como la Ley 5.965 y su decreto reglamentario, pero superan las guías de la Organización Mundial de la Salud en contaminantes críticos como el material particulado fino y el dióxido de nitrógeno.
Este desfasaje normativo explica por qué, aun cuando los indicadores oficiales no registran incumplimientos graves, la evidencia científica señala riesgos persistentes para la salud pública.
Uno de los principales déficits es la falta de monitoreo público continuo
El material particulado (PM10 y PM2.5) es el contaminante más estudiado y preocupante en la región. Informes de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET muestran que, entre 1999 y 2020, los valores de PM10 oscilaron entre 20 y 50 µg/m³, superando las recomendaciones de la OMS aunque dentro de los límites provinciales.
Para el caso del PM2.5, los niveles anuales se ubicaron entre 11 y 23 µg/m³, superando tanto las guías internacionales como, en varios períodos, los propios límites locales. A esto se suma la presencia de partículas sedimentables con picos que triplicaron los valores permitidos.
Más preocupante aún es la composición química del aire. Estudios del SEDICI y del CIM detectaron metales pesados (plomo, cromo, níquel) y un incremento significativo de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), compuestos con potencial cancerígeno. En algunos casos, el riesgo estimado supera los niveles considerados aceptables por organismos internacionales.
Estas conclusiones coinciden con tesis recientes, como la de Badura (2023), que confirma la doble contribución industrial y vehicular en la composición del material particulado, y con investigaciones históricas que ya advertían sobre su vínculo con enfermedades respiratorias y sistémicas.
Los estudios del programa PIO UNLP-CONICET (2014-2016) muestran que los compuestos orgánicos volátiles duplican sus concentraciones en zonas industriales respecto de áreas residenciales. Los valores de material particulado, en cambio, resultan similares entre zonas urbanas e industriales, lo que evidencia la fuerte incidencia del tránsito vehicular.
En el casco urbano de La Plata, el crecimiento del parque automotor -especialmente motos- se consolidó como una fuente relevante de contaminación. El dióxido de nitrógeno funciona como trazador de esta actividad, con niveles que aumentan en paralelo al tráfico.
El experimento involuntario de la pandemia de 2020 fue clave para dimensionar ese impacto: durante el aislamiento, los niveles de NO₂ cayeron hasta un 52%, confirmando el peso del transporte en la degradación del aire urbano.
A nivel industrial, el caso de Copetro sigue siendo el más crítico. Informes del CONICET advierten un aumento sostenido de contaminantes tóxicos y la falta de datos actualizados, lo que limita el diagnóstico completo y refuerza la incertidumbre.
Los modelos de dispersión atmosférica desarrollados en la Universidad Nacional de La Plata muestran cómo los vientos del Río de la Plata transportan contaminantes desde el polo petroquímico hacia áreas urbanas.
Esto genera un patrón territorial desigual: las zonas de Ensenada y Berisso presentan mayores niveles de exposición, mientras que barrios residenciales como Gonnet o City Bell registran mejores condiciones relativas, aunque no exentas de contaminación.
Las variaciones también son estacionales. En invierno, el estancamiento atmosférico agrava la concentración de contaminantes, mientras que en verano el fenómeno de isla de calor favorece la formación de ozono troposférico.
Este comportamiento dinámico explica por qué la percepción ciudadana -olor, irritación, aire “pesado”- coincide muchas veces con episodios específicos que no siempre quedan reflejados en mediciones promedio.
Los estudios epidemiológicos realizados en la región muestran una mayor prevalencia de síntomas respiratorios, asma y afecciones oculares en niños que viven en zonas cercanas al polo industrial.
Investigaciones lideradas por Massolo, Colman Lerner y otros especialistas detectaron diferencias en parámetros respiratorios entre poblaciones expuestas y no expuestas, así como asociaciones con contaminantes como benceno y material particulado.
No obstante, también se registraron mejoras. Tras modificaciones tecnológicas en la refinería de YPF, algunos estudios documentaron una disminución del material particulado y mejoras en la función pulmonar infantil en Ensenada.
Estos resultados evidencian que las políticas de control pueden ser efectivas, aunque insuficientes frente a un problema estructural más amplio.
Uno de los principales déficits es la falta de monitoreo público continuo. Actualmente existen algunos puntos de medición impulsados por proyectos científicos y convenios institucionales, pero no una red integrada, abierta y permanente.
El costo de los equipos -entre 50.000 y 100.000 dólares- explica en parte esta limitación, pero no la resuelve. La consecuencia es una dependencia estructural de datos generados por las propias empresas, lo que introduce un sesgo potencial en la evaluación ambiental.
Las recomendaciones de la comunidad científica son reiteradas: crear una red pública de monitoreo, actualizar la normativa a estándares internacionales, desarrollar inventarios de emisiones y fortalecer los estudios epidemiológicos.
En todos los trabajos aparece la misma conclusión: la normativa actual resulta insuficiente para proteger la salud si se la compara con las guías de la OMS.
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