"Ley Rodrigo": impulsan un proyecto para prohibir celulares en las cárceles bonaerenses

Un nuevo proyecto de ley busca eliminar todos los celulares que poseen las personas privadas de su libertad en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, llamada “Ley Rodrigo” en homenaje al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos por una extorsión realizada desde la cárcel de Magdalena.

El proyecto presentado por el diputado bonaerense por La Libertad Avanza, Oscar Liberman, busca dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” (Resolución N° 47688/20) por haber finalizado la pandemia que motivó su sanción, y la modificación del inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256 (Ley de Ejecución Penal Bonaerense) para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. 

En ese sentido, plantea que el tiempo de comunicación por interno quede limitado a un máximo de dos horas diarias y “en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”. Además, establece que cada unidad tiene la obligación de instalar y operar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos, con el objetivo de garantizar el control de la comunicación con el exterior de cada detenido.

“El Artículo 19 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para el castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresa Liberman en los fundamentos del proyecto. 

Al respecto, afirma que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las persona privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario, restableciendo parámetros compatibles con la normativa constitucional y legal vigente”. 

Dentro de los 10 días hábiles de promulgada la ley, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los internos para que, dentro del plazo de 24 horas, entreguen voluntariamente los teléfonos, incluso aquellos que no se encuentren declarados, sin perjuicio alguno, para efectuar un inventario de los dispositivos que entrega cada uno. Vencido ese plazo, se requisarán todas las celdas y demás espacios públicos de cada unidad para el secuestro de los dispositivos y la sanción de los infractores.

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La jueza federal de San Isidro Arroyo Salgado, quien recientemente dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar parte de una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y habría extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, y el juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo), trabajaron en conjunto con Liberman en la redacción de la “Ley Rodrigo”.