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El déficit habitacional es uno de los problemas más graves, hasta desde el punto de vista sanitario, que afectan a los argentinos. A pesar de la situación, nunca ha sido enfrentado a través de una política de Estado en la que deben confluir también los esfuerzos de provincias y municipios. Lamentablemente a pesar de la importancia del tema, los gobiernos de las distintas jurisdicciones siguen sin actuar coordinadamente.
La dispersión de los esfuerzos ha impedido la adopción de sistemas para industrializar la construcción de viviendas. Estudios realizados en los más diversos países han demostrado que los costos se reducen en alrededor de un 40 por ciento comparado con el arcaico sistema tradicional que se usa en la Argentina. En dos provincias de nuestro país, Córdoba y Santa Fe, ya se han construidos barriadas con edificios de viviendas de dos dormitorios en los que el precio del metro cuadrado fue de 700 dólares y las edificaciones cumplen con las normas imperantes en Europa y Estados Unidos para ser habilitadas como habitat. Aun ese costo podría reducirse si se planifica para lograr la confluencia de los esfuerzos y garantías a los posibles inversores una demanda mínima durante un periodo de 5 años.
Hasta ahora las soluciones buscadas tienen como actores en algunos casos al gobierno nacional, a los provinciales y municipales y también cooperativas y organizaciones sociales que actúan individualmente.
Esa dispersión ha impedido la instalación de “fábricas de viviendas” que producirían una reducción en el costo de la construcción de las mismas. La dispersión es la causa del alto precio que se paga por las edificaciones y muchas veces de la poca calidad de las mismas tema sobre el que ha habido cientos de denuncias, por otra parte, sería necesario que todas las construcciones se hicieran teniendo en cuenta los planes urbanísticos de cada municipio.
Sin embargo, generalmente se presta atención exclusivamente a lograr parcela del menos precio sin considerar que la extensión horizontal de las urbes genera costos muy altos para los servicios como el del agua, cloaca electricidad transporte, etc; si es que se planifica que los edificios cuenten con todo eso. Luego surgirán los problemas de las nuevas barriadas alejadas de los lugares de trabajo o del centro de la ciudad lo que determinara también un mayor costo de vida de los habitantes.
Por supuesto no puede ignorarse que es necesario otorgar beneficios impositivos a quienes construyan viviendas con el fin de alquilarlas. El dinamismo de las sociedades modernas suele generar que los cambios de residencia no justifiquen la adquisición de viviendas.
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La indiferencia ante la pésima calidad de vida de quienes habitan en los llamados barrios populares o villas miserias es absolutamente injustificable. Resulta imprescindible de que se trace una política de Estado que evite la atomización de la demanda de viviendas que las encarece.
Por otra parte, un plan sistemático reduciría los costos y sería una palanca importante para estimular el desarrollo de actividades generadoras de puestos de trabajo y ambas cosas contribuirían a superar el estancamiento de la economía Argentina. Debe contarse además que entre los afectados por el déficit habitacional hay cientos de miles de personas que podrían adquirir las viviendas con una financiación adecuada en plazo y el interés de los créditos.
En la desesperación justificable con las que se buscan soluciones puede argumentarse que se atienda individualmente a los problemas de pequeños grupos sobre la base de emprendimientos aislados. Si bien es loable el espíritu de solidaridad social que impulsan esas actitudes, en realidad el imperativo es que todos esos esfuerzos sean canalizados también para establecimientos de un plan nacional que incluya provincias y municipios para superar el, como se ha dicho, gravísimo problema que significa la carencia de viviendas apta para millones de argentinos.
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