Por qué los menores no pueden tener pena perpetua

La discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil volvió a instalarse en la agenda pública tras el avance del proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad en Argentina. La iniciativa, que forma parte de la futura Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, plantea modificaciones profundas en la forma en que el sistema judicial aborda los delitos cometidos por menores de edad.

El abogado penalista Facundo Lloveras explicó que el eje central del proyecto radica en la modificación del punto de partida de la responsabilidad penal. Actualmente, el sistema establece que los ciudadanos pueden responder penalmente por delitos a partir de los 16 años. Sin embargo, con la nueva normativa ese umbral se reduciría.

“El punto central es la baja en la edad y que los ciudadanos empiezan a responder frente a la ley penal. Hoy la responsabilidad comienza a los 16 años, pero con la nueva ley empezaría a regir desde los 14 años”, explicó el letrado en declaraciones radiales.

Un enfoque basado en seguimiento y reinserción

Más allá de la discusión sobre la edad de imputabilidad, el proyecto incorpora herramientas que buscan evitar la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Según explicó Lloveras, la normativa establece mecanismos de seguimiento y control sobre los menores involucrados en hechos delictivos, con el objetivo de impedir que ingresen de manera permanente al sistema penal.

En ese sentido, el proyecto contempla alternativas a la prisión, como la posibilidad de alojamiento en institutos especializados para menores o la aplicación de medidas sustitutivas. Entre ellas figuran la suspensión del juicio a prueba, la libertad vigilada o libertad observada, y la reparación integral del daño causado por el adolescente.

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Estas herramientas buscan que, especialmente en casos de delitos leves, el joven no quede marcado por una trayectoria judicial que condicione su futuro.

“La finalidad es que el menor no pase a integrar el sistema penal de manera permanente, sino que el conflicto con la ley quede en un hecho aislado y no vuelva a delinquir”, explicó el penalista.

Diferencia entre delitos leves y graves

El nuevo régimen también establece una distinción clara entre delitos menores y delitos graves.

Cuando se trata de infracciones de baja gravedad, el sistema prioriza las medidas educativas, reparadoras o de supervisión judicial.

En cambio, en casos donde el delito contempla penas de prisión más elevadas, el adolescente puede enfrentar un proceso penal completo.

“Cuando hablamos de delitos graves, con penas cuyo máximo supera los tres o cuatro años de prisión, el menor puede ser juzgado y eventualmente recibir una pena privativa de la libertad”, precisó Lloveras.

En esos casos, un tribunal determina la participación del adolescente en el hecho y su responsabilidad penal, tras lo cual se fija la sanción correspondiente dentro de los límites que establece el régimen juvenil.

Por qué los menores no pueden recibir prisión perpetua

Uno de los puntos más debatidos del proyecto es la imposibilidad de aplicar condenas a prisión perpetua a menores de edad.

De acuerdo con el esquema propuesto, incluso cuando el delito cometido por un adolescente esté tipificado en el Código Penal con una pena de prisión perpetua, la sanción máxima aplicable será significativamente menor.

“La ley establece un límite máximo de 15 años de prisión para los menores que cometan delitos. El juez no puede imponer una pena mayor, aunque el Código Penal contemple una condena más alta”, explicó el especialista.

Este criterio responde a principios jurídicos del derecho penal juvenil y a estándares internacionales en materia de derechos del niño, que establecen que las sanciones deben tener un carácter educativo, proporcional y orientado a la reintegración social.

Un cambio de paradigma en la justicia juvenil

El nuevo régimen penal juvenil busca, en definitiva, equilibrar dos objetivos: establecer responsabilidad penal para adolescentes más jóvenes y, al mismo tiempo, priorizar medidas que eviten su exclusión definitiva del sistema social.

El enfoque se apoya en la idea de que el sistema judicial no debe limitarse al castigo, sino que debe funcionar como una herramienta de intervención temprana para evitar trayectorias delictivas en la adultez.

De aprobarse definitivamente la ley, Argentina avanzaría hacia un modelo que combina responsabilidad penal juvenil con políticas de seguimiento, educación y reinserción, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de justicia juvenil.