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Washington habla de “conversaciones”, la Casa Rosada lo niega, pero documentos revelados en EE UU exponen gestiones
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio / AFP
La posibilidad de que Argentina reciba inmigrantes deportados por Estados Unidos detonó una tormenta política que nadie en el Gobierno quiere reconocer abiertamente. Las versiones se acumulan, las respuestas oficiales esquivan definiciones y el silencio se volvió la principal estrategia de la Casa Rosada frente a una negociación que, según medios estadounidenses, estaría más avanzada de lo que se admite en público.
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó que Washington mantiene conversaciones con países “dispuestos a aceptar nacionales de terceros países”, una fórmula diplomática que en la práctica significa recibir migrantes expulsados. Sin mencionar explícitamente a la Argentina, dejó abierta la puerta al elogiar al Gobierno de Javier Milei como “un gran socio en todos los aspectos”.
“No tenemos ningún acuerdo ni nada concretado”, aclaró Rubio. Pero su frase no desactivó la sospecha: la combinación de admisión parcial y negación formal alimentó aún más la sensación de que existe una negociación en marcha que ambas capitales prefieren mantener en reserva.
La controversia explotó tras una revelación de The New York Times que habló de gestiones avanzadas entre Buenos Aires y Washington. Según el diario, funcionarios argentinos habrían presentado a comienzos de año una propuesta concreta para viabilizar el traslado de migrantes detenidos poco después de cruzar ilegalmente la frontera estadounidense.
Los documentos citados por el medio señalan que el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, impulsó el esquema y que el canciller Pablo Quirno se habría comprometido a firmar el entendimiento. El artículo describe una arquitectura diplomática ya diseñada para convertir a la Argentina en punto de tránsito para extranjeros deportados.
La reacción del Gobierno fue inmediata, pero ambigua. Cancillería evitó negar los contactos y se limitó a repetir que no comenta “conversaciones diplomáticas en curso”. Javier Milei, en cambio, eligió el terreno de las redes sociales: replicó un mensaje que calificó la versión como “falsa” y denunció una supuesta operación mediática. Sin embargo, ningún funcionario desmintió de manera categórica la existencia de conversaciones.
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Esa combinación —negación política sin desmentida técnica— profundizó la incertidumbre.
El eventual acuerdo coloca al Gobierno en una encrucijada delicada. La alianza política e ideológica con Donald Trump empuja a la Argentina a alinearse con la ofensiva migratoria estadounidense, una de las banderas centrales del expresidente republicano. Pero aceptar deportados de terceros países podría tener un costo interno imprevisible.
La Argentina atraviesa el ajuste fiscal más duro en décadas. Recibir migrantes expulsados implicaría gastos logísticos, operativos y de infraestructura en un contexto de recortes presupuestarios. Además, abriría un debate social sobre el rol del país en la política migratoria global y sobre la capacidad estatal para gestionar una situación de ese tipo.
Fuentes diplomáticas admiten que la infraestructura necesaria para alojar, trasladar y supervisar a extranjeros deportados no está preparada para un flujo masivo. También existe temor a un rechazo social que complique aún más el escenario político interno.
La iniciativa forma parte de la estrategia de Trump para acelerar expulsiones y endurecer su política migratoria. Estados Unidos ya firmó acuerdos similares con países aliados de la región, entre ellos El Salvador, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica. En esos casos, los gobiernos aceptaron funcionar como territorios de recepción o tránsito para migrantes de otras nacionalidades.
Sumarse a esa red implicaría para la Argentina un alineamiento directo con el esquema más duro de control migratorio impulsado desde Washington. Analistas advierten que se trata de un movimiento geopolítico sensible: los países que aceptan estos acuerdos suelen recibir respaldo político y cooperación estratégica a cambio.
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