Avanza la causa por una supuesta estafa millonaria

Por disposición del fiscal platense Gonzalo Petit Bosnic, que investiga una presunta megaestafa inmobiliaria por la paralización de una docena de edificios en la Ciudad y varios otros proyectos bajo el sistema de fideicomiso en pozo, que no mostraron avances de obra pese a haber sido comercializados y, según dicen, con cobros parciales y hasta totales en algunos casos, se ordenó la notificación de la formación de la causa en su contra a dos socios de la compañía ABES Desarrolladora de Negocios SRL.

Se trata de Macarena Nuñez, que revestía el carácter de socia gerente de la firma; y del abogado Diego Lacki, quien, al margen de sus funciones como representante letrado, era socio minoritario de la compañía y cara visible.

Fuentes de tribunales indicaron que Nuñez ya fue impuesta de los artículos 1 y 60 del Código de Procedimiento Penal bonaerense, que define el rol de todo imputado en un proceso penal y sus derechos y garantías, mientras que en el caso de Lacki, al que no le habría llegado la cédula vía correo policial, hoy podría presentarse personalmente a cumplir con la manda de la Justicia.

Todo forma parte del avance de la pesquisa, que además tiene en trámite importantes medidas de prueba. Por ejemplo se ha solicitado la verificación del estado de los inmuebles detallados en las denuncias y que se reciban declaraciones testimoniales a todos los denunciantes y a quienes obren como damnificados.

Los mismos voceros recordaron que existen en trámite varias IPP que corren acollaradas a la principal y que seguirán sumando las que vayan ingresando al sistema, en la medida que exista un mismo objeto procesal. Es para evitar el dispendio jurisdiccional.

Como se sabe, una de las víctimas que denunció la maniobra es Pedro Troglio, el ex futbolista y actual director técnico del club Banfield.

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EMBARGO PREVENTIVO

Otro dos de los damnificados -adelantado por este diario en una edición anterior-, fueron a la vía civil para asegurar los bienes en el caso.

En su escrito plantearon “el aseguramiento patrimonial, es decir, la adopción de medidas cautelares como el embargo preventivo, anotación de prohibición de enajenar, medidas cautelares reales o registrales para impedir la dispersión de activos, preservando el eventual resarcimiento civil”.

El defalco, de acuerdo a las primeras estimaciones, alcanzaría los 7 millones de dólares.

En todos los hechos, siempre en base al texto de lo denunciado, hay un mismo patrón de engaño por promesas incumplidas y con evasivas fundadas en problemas con el gremio de la construcción, que al parecer no eran tales.

La sospecha es en orden a los delitos de estafa y defraudación fraudulenta, en la que se habla de volúmenes de dinero que supuestamente fueron girados a cuentas en el exterior.