La baja a 14 años de la edad de imputabilidad tiene media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó anoche el nuevo Régimen Penal Juvenil y dio media sanción a la iniciativa que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. El oficialismo reunió 149 votos a favor y 100 en contra con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales.

El texto es fruto de una negociación política. El Gobierno había propuesto inicialmente fijar la edad punible en 13 años, pero retrocedió ante la presión de aliados que condicionaron su apoyo a mantener el piso en 14, un consenso ya alcanzado en 2024 aunque luego perdió estado parlamentario.

Unión por la Patria y la izquierda rechazaron la reforma por considerarla punitivista. El Frente Renovador mostró divisiones: algunos diputados acompañaron la baja en la votación en particular, aunque pidieron enmarcarla en una reforma integral del Código Penal.

El proyecto será girado al Senado y podría tratarse el 26 de febrero en el marco de las sesiones extraordinarias.

el financiamiento

La discusión estuvo atravesada por cuestionamientos al presupuesto. La ley prevé más de 23.000 millones de pesos para su implementación y habilita convenios entre Nación y provincias.

Bloques aliados advirtieron que los fondos serían insuficientes para infraestructura y funcionamiento. Miguel Ángel Pichetto calificó los recursos de “insignificantes” y pidió condicionar la vigencia en cada provincia a la existencia de instalaciones adecuadas. También desde Provincias Unidas e Innovación Federal alertaron sobre el impacto fiscal en distritos con recursos limitados.

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El oficialismo defendió la viabilidad financiera y rechazó cambios. Laura Rodríguez Machado sostuvo que no se podía “volver atrás por una cuestión de pesos” y aseguró que la norma prevé cooperación con las provincias.

nuevo régimen

La reforma crea un régimen penal juvenil autónomo. Fija la punibilidad desde los 14 años y establece un máximo de 15 años para penas privativas de libertad.

La prisión efectiva quedará reservada para delitos graves. En los demás casos se priorizan sanciones alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, restricciones de acercamiento, programas educativos y medidas de inserción laboral.

El texto ratifica que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible, y fija estándares de detención: separación de adultos, acceso a educación, atención sanitaria y programas de resocialización. Entrará en vigencia seis meses después de su reglamentación.

Cruces políticos y jurídicos

El debate incluyó fuertes cruces. Oficialismo y aliados defendieron la reforma como respuesta a una demanda social vinculada a la seguridad. Pamela Verasay afirmó que la política “sale de su confort” al abordar el tema y Cristian Ritondo sostuvo que negar responsabilidad penal a adolescentes en delitos graves implica “abandonarlos”.

Desde el peronismo señalaron que la iniciativa no ataca las causas estructurales de la violencia juvenil y carece de una política integral de prevención e inclusión. También cuestionaron el esquema de financiamiento.

En el plano jurídico, Ramiro Gutiérrez planteó que la baja debería incorporarse al Código Penal para evitar impugnaciones. El oficialismo respondió que se trata de un régimen especial que no colisiona con la normativa vigente.

Aprobaron el acuerdo con el Mercosur

Al cierre de esta edición, minutos antes de la medianoche, Diputados aprobó con 203 votos a favor, 42 negativos y 4 abstenciones, el proyecto de la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora deberá pasar por el Senado.

El tratado, de unas 5.000 páginas, elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos. El entendimiento fue firmado el 17 de enero en Asunción, con la participación del presidente Javier Milei y sus pares de Paraguay y Uruguay, mientras que el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistió a la ceremonia.

Sin embargo, el acuerdo aún no puede aplicarse. El Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea revise su impacto antes de autorizar su entrada en vigor. Ese proceso podría extenderse durante meses e incluso hasta dos años. No obstante, en Bruselas circula la posibilidad de una aplicación provisoria del tratado mientras se resuelve su validación definitiva.