Tensión con Venezuela: Trump analiza los pasos a seguir

El presidente Donald Trump reunió ayer a su Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela, en medio de la crisis actual entre Washington y Caracas.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

La reunión se produjo un día después de que el presidente estadounidense confirmara que sostuvo una reunión por teléfono con Maduro, que no se ha referido al tema. Consultado por periodistas si había hablado con Maduro la semana pasada, como informó el viernes el diario The New York Times, Trump dijo: “No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí”. “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”, agregó en declaraciones a bordo del Air Force One.

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó el domingo que Washington había propuesto a Maduro abandonar el país. “Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país”, declaró a CNN.

Previo a la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no respondió si Trump había tomado una decisión final sobre una posible intervención estadounidense.

Maduro encabezó por su parte una marcha que reunió a miles de militantes, que portaban banderas venezolanas y camisetas rojas del partido de gobierno.

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“¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos!”, expresó Maduro en su discurso. “Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad, no queremos la paz de los esclavos, ni queremos la paz de las colonias”.

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba”, añadió.

El Consejo de Seguridad Nacional se reunió además dos días después de que Trump dijera que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “totalmente cerrado” y que seis aerolíneas cancelaran sus operaciones a ese país. Días antes había señalado que Estados Unidos iba a comenzar “muy pronto” a apuntar a “narcotraficantes venezolanos” en operaciones “en tierra”.

“Como recordatorio, solo el Congreso tiene el poder de declarar la guerra”, afirmó la republicana Marjorie Taylor Greene, figura de la derecha radical que rompió con su mentor Trump y anunció que renunciará a la Cámara de Representantes.

“Las acciones imprudentes del presidente Trump hacia Venezuela acercan cada vez más a Estados Unidos a una nueva guerra costosa en el extranjero”, enfatizó el sábado por la noche Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado.

En los últimos días, se ha registrado una constante actividad de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves.

República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también cercana, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Las maniobras en el Caribe dejaron 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Estados Unidos no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.

DEFENSA DE LOS ATAQUES A NARCOLANCHAS

La Casa Blanca abordó críticas contra un segundo ataque contra sobrevivientes de una lancha bombardeada el 2 de septiembre. Medios estadounidenses informaron la semana pasada que dos personas sobrevivieron al ataque inicial y fueron abatidas en un asalto posterior para cumplir una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El almirante responsable de la operación “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo Leavitt, que confirmó el visto bueno del jefe del Pentágono.

Ese ataque del 2 de septiembre -que dejó 11 muertos, según Trump- fue el primero de la veintena siguiente en el Caribe y el Pacífico. Críticos de las operaciones sostienen que los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.

Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar “está en cumplimiento de la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.