Justicia de Quilmes recuperó activos digitales por 13 millones

El Departamento Judicial de Quilmes logró un importante hito en la investigación de delitos informáticos al recuperar y restituir al Banco Galicia activos digitales por un valor cercano a los $13.000.000. Esta acción se llevó a cabo en el marco de una causa por una millonaria defraudación mediante la modalidad conocida como phishing, constituyendo un precedente relevante en la persecución de delitos económicos en entornos digitales.

La investigación fue liderada por el equipo de la Unidad Fiscal Nº 1 Especializada en Delitos de Extorsión, Estafas y Defraudaciones en Entornos Digitales, a cargo del fiscal Ariel Rivas. La causa se inició tras la denuncia presentada por una pyme local que había sido víctima de una maniobra fraudulenta que derivó en la sustracción de $88.000.000.

Según informó la fiscalía de Quilmes, el hecho permitió desbaratar el funcionamiento de una compleja organización criminal dedicada a delitos financieros. Se determinó que el principal cabecilla, domiciliado en Mar del Plata, articulaba un sistema para transferir el dinero sustraído a más de 40 billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas a nombre de terceros denominados “mulas digitales”, quienes prestaban sus datos personales a cambio de una compensación económica. Los fondos eran rápidamente convertidos en activos digitales.

A partir del seguimiento de la “ruta del dinero”, el equipo investigador logró incautar activos digitales (denominados USDT y UXD) con paridad al dólar. Con la causa avanzada y tras requerirse la elevación a juicio del principal imputado, la fiscalía solicitó al juez interviniente la autorización para convertir esos activos a pesos argentinos y destinarlos a reparar el daño.

El Juzgado de Garantías Nº 3 de Quilmes, a cargo de Marcelo Goldberg, hizo lugar al pedido y ordenó la venta al precio de mercado de los activos incautados. El resultado de esa operación —cercano a los $13.000.000— fue transferido al Banco Galicia, entidad que previamente había alcanzado un acuerdo conciliatorio con su cliente, la pyme estafada, logrando así la recuperación efectiva de parte del dinero sustraído.