Créditos hipotecarios: el Gobierno se defiende y la oposición, denuncia

Voceros del oficialismo están saliendo a hablar para tratar de despegar al gobierno del incidente con los créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios, que vino a engrosar la lista de episodios incómodo para la Rosada.

El domingo había sido el ministro de Economía, Luis Caputo, el que habló de que todo fue en el marco de la legalidad (su segundo, Federico Furiase, solicitó un préstamo). Fue en unprograma de televisión. Ayer, hizo declaraciones el titular del BNA, Darío Wasserman. Usó la misma línea defensiva: que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y que se cumplieron con los requisitos de “evaluación crediticia y el scoring habitual”. Sostuvo además que los préstamos se ajustaron a las condiciones habituales y explicó que el Banco Nación “gestiona cuentas sueldo del sector público”, lo que eleva el número de empleados estatales elegibles.

La polémica sobre el otorgamiento de los créditos hipotecarios surgió cuando se hicieron públicas las adjudicaciones a ciertos empleados. Como Juan Pedro Inchauspe, del Banco Central (BCRA); a Felipe Núñez, asesor del ministro Caputo, y al mencionado Furiase, que es el secretario de Finanzas. La lista incluye a legisladores y funcionarios de otros ministerios. Como el ahora eljefe de Gabinete de la cartera de Capital Humano, Leandro Massaccesi, al quien la ministra Sandra Pettobello le pidió la renuncia, aunque el presidente, Javier Milei, lo negó.

También uno de los altos ejecutivos de la entidad, que actualmente se desempeña como gerente zonal y responsable de Banca Personas, Mario Zagaglia, defendió “la transparencia y accesibilidad” de los créditos en cuestión, especialmente ante los cuestionamientos sobre supuestos privilegios para funcionarios oficialistas y allegados varios a La Libertad Avanza (LLA). En esesentido, ratificó la postura oficial del Banco y negó “cualquier trato preferencial o acomodo” para empleados públicos libertarios sobre el acceso a esos préstamos. En esa línea, afirmó que todos los créditos están sujetos a “procesos de aprobación estandarizados” y “cumplen con los requisitos de solvencia exigidos a cualquier cliente”.

Montos y plazos

La defensa por parte de Zagaglia se basa en las condiciones de la línea “+Hogares”, que ofrece “tasas preferenciales del 4,5% para usuarios que perciban haberes en el banco” y plazos extendidos, con una opción de financiamiento de “hasta 30 años”.

Asimismo, sostuvo que el monto máximo de los préstamos es de hasta aproximadamente “$390 millones, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad”. También, señaló que existen líneas de crédito de hasta $50 millones para monotributistas y trabajadores que están abiertas al público general bajo las condiciones del mercado.

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Ya se impulsaron pedidos de informes en el Congreso. Los libertarios, en alerta

El episodio generó que sectores de la oposición impulsaran pedidos de informes en el Congreso Nacional sobre las condiciones de estos créditos, al mismo tiempo en que se presentaron denuncias penales.

La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) calificó como “depravado desde lo ético” que el Banco oficial haya otorgado millonarios créditos hipotecarios a funcionarios y legisladores oficialistas y dijo que esto demuestra “que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”.

Críticas a Caputo

Frade recalcó que presentó en la Justicia una denuncia para que se esclarezca si existió “tráfico de influencias” entre los que recibieron los créditos y quiénes los otorgaron. Fustigó además al ministro Caputo justamente por sus dichos en el programa televisivo el domingo. Es que Caputo hasta contó que él animó a sus funcionarios a que tomen los préstamos hipotecarios, a los que definió como “la mayor justicia social”.

¿Que pide en la denuncia penal? “Que se revisen todas las carpetas crediticias, porque de ahí surgirá en qué tiempo se otorgaron, cuáles fueron las garantías y los requisitos que se pidieron, y por supuesto las actas de directorio eh para saber cómo se aprobaron esos créditos”, dice la presentación.

Como ejemplo, la parlamentaria mencionó a Sarif Menen, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, “un chico de 24 años con un cargo político”, que al momento de recibir el crédito por 357 millones de pesos percibía en el Congreso un sueldo mensual de dos millones.

También presentaron denuncias en la misma línea el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador socialista Esteban Paulón.

El bloque libertario de la Cámara de Diputados, en tanto, decidió cerrar filas y alinearse con la respuesta del Ejecutivo. La consigna: “No levantar el tema en redes”. Esto surgió después de que algunos de los implicados salieran públicamente a explicar su situación ante los señalamientos por los supuestos privilegios al acceder a los préstamos. Son varios los oficialistas que figuran.

Dos de ellos −el ex radical Mariano Campero y el ex macrista Alejandro Bongiovanni− optaron por dar explicaciones en redes sociales. Otros, como Lorena Villaverde y Santiago Santurio, eligieron el silencio.

“No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia”, aseguró Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es “falso” que haya obtenido condiciones preferenciales. Ambos subrayaron que los trámites con el banco se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político: Campero accedió al crédito en mayo, tras separarse del bloque radical, y Bongiovanni en enero, cuando se sumó a La Libertad Avanza.

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