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La decisión del Ejecutivo nacional de prohibir la entrada a la Casa Rosada a 60 periodistas acreditados, en una medida inédita que alcanzó a todos los medios periodísticos, representa un grave ataque contra la vida y calidad institucional del país, según lo señalaron luego distintos sectores políticos y sociales.
La Sala de Periodistas quedó vacía, en silencio y con sus puertas cerradas, en tanto que los corresponsales, luego de sacarse una foto colectiva frente a la Rosada, decidieron instalarse en un bar vecino para seguir cumpliendo con sus tareas informativas.
Se trató de una medida gubernamental sin precedentes en los gobiernos democráticos, ya que inclusive esa sala se mantuvo abierta a la prensa durante regímenes de facto.
La prohibición debe ser vista en el contexto de numerosas agresiones oficiales al periodismo y corresponde recordar que rigió, hace pocas jornadas, una primera negativa de ingreso a la Rosada que tuvo vigencia para los corresponsales de unos pocos medios. Ahora, esa veda se extendió a todos los cronistas acreditados. Ello, sin dejar de mencionar otras actitudes reveladoras de una insólita hostilidad gubernamental contra el periodismo.
Por redes sociales el responsable de prensa y comunicación oficial dijo que “la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”.
Como se sabe, el gobierno impulsó una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno. Para las autoridades, acaso exagerando un poco, podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. En tanto, la producción de TN puso a disposición del Juzgado el material en crudo de todas las grabaciones que, según dijeron, se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, supuestamente de acuerdo a las normas vigentes.
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Por su parte, el Presidente se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. Ciao!”.
Entidades diversas, sectores de la oposición política, la CGT y distintas personalidades repudiaron y rechazaron la decisión del Ejecutivo de no dejar entrar a la prensa a la Rosada. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) calificó la decisión como “un grave retroceso institucional”.
Tal como lo señalan constitucionalistas, todo gobierno debiera reflexionar acerca de que prohibir a la prensa no enriquece a ningún sistema democrático. El periodismo es una actividad que se ejerce desde hace siglos y que, sobre todo, se sistematizó a partir de las declaraciones de derechos que alcanzaron valor universal.
En la tarea periodística van incluidos los derechos de la población para conocer cómo es conducida la administración pública, el control de la transparencia de los actos públicos y la garantía de la periodicidad y alternancia de los turnos de gobierno. El periodismo se traduce en la posibilidad de garantizar la libertad de opinión de las personas, de transmitir las quejas y las sugerencias ciudadanas frente a los abusos o deficiencias del Estado y de verificar que quienes ejerzan cargos gubernamentales cumplan con las leyes que fijan sus deberes, entre otras cualidades que lo caracterizan.
Es de suponer que la actual administración no apunta a implantar un sistema totalitario y que, por consiguiente, buscará no sólo atenerse a las reglas de la democracia, sino a conciliar con un sector que sólo busca mantener informada a la población. Si a lo sumo se presentaran errores o desbordes, tal como ocurre con todas las actividades humanas, existe, entre otras vías, la de la Justicia para reparar esos eventuales desvíos.
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