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Rosendo Fraga
Rosendo Fraga
El discurso de Javier Milei el 1° de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso estuvo enmarcado por la política exterior. No porque ella sea relevante para la población, sino porque es decisiva en la alianza con Trump, que es el eje de su política y pesa más que la económica o la social.
La alianza con Estados Unidos da a Milei un respaldo económico con claras consecuencias políticas, como se vio en la elección de medio mandato que tuvo lugar en octubre de 2025. La adhesión se repitió en el Consejo para la Paz lanzado por Trump oficialmente a mediados de febrero, para manejar la crisis de Gaza y sus consecuencias. En su discurso no hubo referencias concretas a este tema, pero sí las hubo en apoyo de Estados Unidos e Israel, a los que consideró atacados por Irán. También en la política interna, al referirse a la expresidente Cristina Kirchner, Milei recordó su relación con las causas judiciales en los atentados de origen iraní. Aunque sean hechos que han tenido lugar hace más de dos décadas, cobran actualidad por la reciente confrontación desatada en el Golfo y decidida por Trump.
Pero pese a definiciones firmes y concretas, Milei no dio mucho espacio en su texto para la política exterior. Como es lógico, estos pocos párrafos los dedicó a los actores externos y no internos. Para algunos observadores, la Argentina ha entrado en zona de riesgo -el propio Milei lo reconoció- por ser aliado de Estados Unidos e Israel en este conflicto.
El enfoque económico fue central, pero en este caso las críticas fueron dirigidas más a los “empresarios prebendarios” que a la “casta política” como en el pasado. Desde el punto de vista de impacto periodístico, la reiteración de las críticas a empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes mostró que el presidente los mantiene como “blanco” de su acción política. Esto quizás tenga vinculación con que en los mensajes anteriores el equilibrio fiscal y el achique del gasto eran prioridades, pero ahora esta parece centrarse en la apertura económica.
Esta “batalla cultural” (término tomado del ideólogo marxista italiano Antonio Gramsci, que lo utilizaba con una orientación antagónica a la de Milei), el presidente la identifica con el libre mercado. No va a ser una batalla fácil. La gente entiende claramente en la Argentina que la inflación deteriora los ingresos, pero en cambio no ve tan claro que la apertura lo haga. Para este cambio es que Milei está utilizando como eje a los empresarios supuestamente beneficiados por una economía cerrada, como lo hiciera con la “casta política” dos años atrás. Pero Milei eludió referirse a conflictos como el de la empresa argentina Mercado Libre -aunque tiene sede legal en Uruguay- contra el libre comercio representado por las plataformas de comercio electrónico chinas.
Pareciera que Milei cuestiona el proteccionismo industrial, pero no hace lo mismo con el comercio digital. El problema es que el primero se hace visible en pérdidas de trabajo inmediatas y hay una traslación de la responsabilidad de la opinión pública al Ejecutivo por ello.
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El Gobierno, mientras, cerró las sesiones extraordinarias con éxitos políticos innegables. Respecto a la reforma laboral, la media sanción en Diputados por 135 votos a favor y 115 negativos y la sanción definitiva en el Senado por 42 votos a favor y 28 en contra, es el mayor de ellos. El oficialismo la ha logrado haciendo pocas concesiones a los sindicalistas, quienes evitaron una confrontación abierta, como hubiera sido un paro general. Esto muestra también que el nivel de oposición social al Gobierno es bajo, pese a indicadores sociales que muestran situaciones negativas en empleo, salarios y pobreza. Otro proyecto importante fue la sanción definitiva en el Senado por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, del nuevo régimen penal juvenil (en Diputados se le había dado media sanción con 149 votos a favor y 100 en contra).
A ello se agrega que el oficialismo consiguió en el Senado la media sanción de la reforma a la ley de Glaciares, considerada necesaria para aumentar las inversiones en el sector minero. La propuesta fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En este último caso, los alineamientos fueron diferentes, porque los intereses provinciales también lo son. El Ejecutivo tuvo así un cierre de sesiones extraordinarias mejor de lo que esperaba.
La aprobación de estas leyes puso en evidencia la clave que para el poder representan los gobernadores. En los últimos días de febrero se reunieron siete de ellos de manera virtual, en donde debatieron desafíos comunes y el papel que tendrían sus provincias en la agenda económica y política del país. Participaron del encuentro Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Cinco de ellos son de origen peronista, uno radical (Sadir) y otro de un partido provincial (Figueroa). El encuentro tuvo lugar después de que tres senadores de Tucumán, Catamarca y Jujuy abandonaran el bloque peronista por estar en desacuerdo con la conducción del kirchnerista José Mayans, que reporta directamente a Cristina Kirchner.
El encuentro tuvo lugar con el objetivo de constituir un nuevo bloque de gobernadores para mejorar su capacidad de negociación con el gobierno nacional, aunque este objetivo no fue reconocido oficialmente por ninguno de los participantes. Todos estos gobernadores han mostrado una actitud favorable a la Casa Rosada en las votaciones mencionadas, aunque desde una posición de diálogo han logrado introducir cambios en los proyectos del oficialismo. Varios están en la “Semana Argentina” que se realiza en Nueva York, pero evitarán mostrarse como un bloque alineado con el Ejecutivo. Uno de los gobernadores que responde a Cristina (Gustavo Melella de Tierra del Fuego) decidió sumarse al RIGI, el régimen impulsado por la Casa Rosada para promover inversiones.
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