Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Axel Kicillof conoció de primera mano, hace ya varios días, que un paro de los docentes se estaba dibujando en el horizonte. Lo sospechaban los funcionarios del ministerio de Economía que por entonces afinaban el lápiz en busca de redondear una oferta salarial que lograra, aún con fórceps, torcer la historia; se lo dijeron a modo de cortesía los propios sindicalistas, muchos de ellos activos participantes de su propio proyecto político, en medio de la pesadez del hecho inevitable.

Por primera vez desde que el actual Gobernador se hizo cargo de la Provincia, el ciclo lectivo arrancará con un conflicto salarial instalado. Es una situación irreversible que generará acciones y lecturas diversas. En medio de una situación fiscal por demás compleja, la administración bonaerense buscará ahora que la huelga no se extienda, que quede acotada al simbólico 2 de marzo.

Esa primera decisión implica retomar las negociaciones paritarias de inmediato. La idea oficial es procurar generar un acuerdo en las próximas dos semanas, antes del arranque de la actividad escolar, como para evitar que la huelga escale.

El tiempo escasea, como los recursos que dice disponer la Provincia como para mejorar ese 3 por ciento de aumento que propuso para febrero que los gremios docentes, y además los estatales, rechazaron. “No hay mucho margen para subir ese porcentaje”, se sinceran en el Gobierno. Puede que exista alguna suba módica, que acaso tenga el anabólico de otras medidas que puedan impactar sobre el bolsillo de los trabajadores.

Desde hace tiempo los sindicatos piden ascensos, recategorizaciones, pases a planta y bonificaciones que empujan sobre el ingreso de bolsillo. Sobre ese sendero caminará la gestión bonaerense en procura de frenar un escenario de fricción sindical desconocido hasta hora por la gestión Kicillof.

Existe otro asunto que empuja la premura oficial, tan o más delicado que el conflicto docente: la situación salarial de la Policía. En el Gobierno se sigue de cerca el tema, monitoreado a diario, más aún luego de la rebelión que los uniformados protagonizaron en Santa Fe y que obligaron al gobernador radical Maximiliano Pullaro a disponer un aumento en los sueldos por encima de las previsiones oficiales.

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Kicillof vivió en carne propia esa situación allá por el arranque de su primera gestión. Una protesta que arrancó tímidamente y luego se extendió generó la intervención del entonces presidente Alberto Fernández, que contribuyó a desinflar el conflicto con una ayuda financiera para la Provincia.

Hoy ese camino es imposible de explorar. Por el contrario, el gobierno de Javier Milei recortó fondos que venía recibiendo la Provincia, entre ellos, la contribución para la seguridad. En la Provincia sacan cuentas. “Ya nos deben 15 millones de millones de pesos, casi la mitad de nuestro presupuesto anual”, señalan.

De ahí la idea oficial de cerrar una paritaria rápida. Ya no se trata solamente de acordar con los docentes para que el conflicto no se extienda, y con los otros sectores como estatales, médicos y judicial. La necesidad del Gobierno pasa por generar, con premura, un anuncio salarial para los casi 100 mil efectivos de su propia fuerza de seguridad.

En el medio de la discusión salarial con los maestros aparece además la pelea discursiva. Diversos sindicatos apuntan sus cañones a la Casa Rosada por la “asfixia” financiera que sufre la principal provincia del país. Ese planteo viene acompañado de otras acciones: el 2 de marzo habrá un paro nacional de la Ctera, el gremio madre de los docentes, que acaso sirva de paraguas para amortiguar el peso de la huelga sobre la gestión de Kicillof.

Existen otros asuntos que empujaron el paro. De fondo, claro, está la cuestión salarial. El aumento del 3 por ciento ofrecido por el Gobierno implicaba para el maestro de grado una suba de apenas 22 mil pesos. Aún cuando buena parte de las conducciones sindicales reportan al esquema político de Kicillof, la inocultable erosión salarial de los últimos años terminó por hacer insostenible para la propia dirigencia aceptar la oferta.

“Nos presionan las bases”, fue una de las explicaciones gremiales a la hora de anunciarle el paro al Gobierno, esas mismas bases que en varias paritarias se manifestaron frente al ministerio de Trabajo para cuestionar a sus propios dirigentes. Hubo un intento por amortiguar la queja: las últimas reuniones entre funcionarios y sindicalistas fueron virtuales en busca de desalentar las movilizaciones. Pero una inflación ascendente y un aumento módico terminaron por delinear el paro. Kicillof, en plena instalación nacional, deberá lidiar con un escenario no deseado y un conflicto salarial que buscará no se expanda.