“Fraude” y “negociado”: retenciones “0” y mucho revuelo

Desde “fraudulento” y “negociado” hasta “perjudicial” para los pequeños productores. Con esas palabras entidades rurales, exfuncionarios y referentes opositores cargaron en las últimas horas contra las mentadas “retenciones cero” al campo que la semana pasada anunció el Gobierno hasta el 31 de octubre. Es decir, con fecha de caducidad para cinco días después de las elecciones nacionales de medio término. Solo eso había disparado ya las críticas de quienes advirtieron allí una medida de carácter “electoralista”, pero la polémica (que no amaina) se reavivó cuando apenas 72 horas después de publicado el decreto 682/25 en Boletín Oficial se cumplió con una de las condiciones impuesta por el Poder Ejecutivo para dar por terminada la iniciativa: el tope de liquidación de US$7.000 millones. En el sector y la oposición sospechan que se trató de una política amañada para favorecer a las grandes exportadoras que pudieron vender granos sin retenciones, que no alcanzó al “campo chico” y que además le habría generado al Estado un costo fiscal de más de 1.500 millones de dólares, por lo que en el Congreso ya se suceden pedidos de informes y reclamos para interpelar a ministros libertarios.

Uno de los cuestionamientos más contundentes emanó de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), donde consideraron que la quita temporaria de las retenciones “no llegó al campo: se la quedaron los exportadores”.

También en la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) aseguraron que el anuncio “no alcanzó a derramar sobre el productor agropecuario, que es quien más riesgo asume”, aún cuando valoraron la intención del Gobierno, que quiso con esto enviar un mensaje de confianza al agro y acelerar el ingreso de divisas, después de semanas de alta volatilidad cambiaria.

“El productor se sintió defraudado. (...) Se generó una ruptura en la confianza con el Gobierno. Esto fue una negociada para tapar un incendio”

Javier Rotondo Vicepresidente de CRA

Más duro fue el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, quién ayer habló de una “negociada con un sector exportador para captar dólares” y que se utilizó para “tapar un incendio”, en referencia a la turbulencia financiera de los últimos días. Según Rotondo, el pequeño productor “se sintió defraudado” y “burlado”, a la par que advirtió de una “ruptura en la confianza” del campo hacia el Gobierno.

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Para la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, medidas transitorias como esta “no generan certeza ni benefician a los pequeños productores”, mientras benefician “a los exportadores que pueden guardar la cosecha y vender a un mejor sin retenciones. Esto fue un gran negocio y una enorme transferencia de recursos hacia quienes ya tenían espalda”, sostuvo.

“Medidas como estas no benefician a los pequeños productores; favorecen a quienes tienen espalda para guardar y vender a mejor precio”

Andrea Sarnari Presidenta de la FAA

A estas críticas se sumó el exministro de Agroindustria durante la gestión de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, quien describió la medida como un “negocio redondo” para las exportadoras y sentenció: “El productor no vio un peso”.

Mientras que Norberto Yahuar, exministro de Agricultura durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, quien calificó la operatoria como “turbia” y “fraudulenta”, para favorecer “a un pequeño grupo de cerealeras” a costa del Estado y de los productores.

Presión opositora

En este contexto, la oposición presiona en el Congreso con proyectos como el de la Coalición Cívica (CC), que presentó un pedido para que el jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, explique “cómo se implementó la medida, qué empresas accedieron al beneficio y cuál fue el monto exacto de retenciones que dejó de percibir el Estado ”.

Entre otras irregularidades, desde la CC le apuntan al posible incumplimiento de la ley que obliga a los exportadores a acreditar la tenencia física de los granos al momento de la venta. Para los diputados opositores, la velocidad con que se agotó el cupo disponible es indicio de que el decreto favoreció a un grupo muy reducido de compañías.

En paralelo, el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, presentó un proyecto de ley para que se le cobre un aporte extraordinario a las grandes cerealeras que se habrían beneficiado con las retenciones cero. El texto establece que el 80% de lo recaudado se destine a mejorar haberes jubilatorios y el 20% al financiamiento del Hospital Garrahan.

Por su parte, el socialismo santafesino Esteban Paulón avanzó con una propuesta para interpelar al titular de ARCA y, en línea con sus pares opositores, aseguró que la medida benefició a unos pocos grandes jugadores del sector.