Duro cachetazo al Gobierno: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"

El Senado de la Nación le dio ayer un fuerte revés al gobierno, al voltear 5 decretos del presidente Javier Milei. Entre ellos los legisladores transformaron en ley el proyecto de financiamiento universitario y la ayuda al Hospital Garraham. El Ejecutivo ya anticipó que vetará ambas normas.

Una mayoría abrumadora integrada por el bloque kirchnerista, casi toda la bancada radical y del PRO y varios senadores provinciales, derogó además cinco decretos del Ejecutivo que reformaban organismos claves como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI, el Banco Nacional de Bancos Genéticos y la Marina Mercante.

Fue el segundo golpe legislativo al Gobierno en apenas 24 horas ya que el miércoles la Cámara de Diputados insistió con la emergencia en discapacidad y convirtió en ley la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Dejan sin efecto los DNU de Javier milei y Sturzenegger

El Senado rechazó cuatro decretos delegados (con las facultades extraordinarias que le otorgó al Ejecutivo la Ley Bases) que reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quedaron sin efecto porque ya tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

Los rechazos tuvieron el apoyo unánime del kirchnerismo y de gran parte de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales.

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En la mayoría de las votaciones, el bloque libertario resistió casi en soledad, acompañado apenas por un puñado de senadores del Pro, la radical Carolina Losada y algunas abstenciones aisladas, como la del salteño Juan Carlos Pagotto

De esta manera, la Cámara de Senadores le dio un duro golpe al plan de ajuste de Javier Milei y, sobre todo, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el funcionario que está detrás de estas reformas.

La votación arrojó resultados contundentes. El decreto 462/25, que dispuso una profunda reestructuración del INTA y el INTI, fue rechazado por 60 votos. Hubo dos abstenciones y solo 9 senadores lo apoyaron.

El decreto 351/25, que quitó la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y lo trasladó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, obtuvo el rechazo de 58 senadores, con 12 a favor y una abstención.

Y el decreto 461/25, uno de los más polémicos, que disolvió Vialidad Nacional sin establecer qué organismo asumirá sus funciones, se rechazó por 60 votos, 10 a favor y una abstención. También se rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25 que estableció un régimen de excepción para la marina mercante.

Financiamiento universitario

El Senado convirtió en ley de financiamiento universitario, por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto que el jefe del Estado anticipó que le aplicará a la ley.

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Sumaron su apoyo a la norma senadores que hasta no hace poco tiempo apoyaban al Gobierno, como los miembros del interbloque Las Provincias Unidas, Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes).

En contra votaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres miembros del bloque Pro: Martín Goerling (Misiones), Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba). La santafesina Carolina Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa.

Se abstuvieron María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), ambas integrantes de la bancada de Pro, y el peronista salteño Juan Carlos Romero,

El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.

El peronista Fernando Salino (San Luis) acusó a Milei de llevar adelante una política de desfinanciamiento del sistema universitario y destacó que “durante los primeros cinco meses de 2025 el Gobierno transfirió un 22,5% (de recursos) menos que en 2023”. En el mismo período “los profesores universitarios cobraron un 30% menos”, agregó.

En 2025 “el Gobierno transfirió un 22,5% de recursos menos” , dijo la oposición

El libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) fue la única voz en contra del proyecto en el recinto. “Crearon muchísimas universidades; lo único que hicieron son muchas cajas negras y pocos resultados”, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Y el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) quien cuestionó la política económica del Gobierno de apostar a la producción primaria como forma de obtener divisas y buscar el equilibrio fiscal mediante el ajuste en sectores como la educación o la salud.

“Es un error monumental creer que el crecimiento de nuestro país va a ser automático por las exportaciones del campo, de la minería o de Vaca Muerta. Veo con preocupación que haya dirigentes esperando que venga una avalancha de dólares”, advirtió el senador de la UCR.

Garraham: emergencia pediátrica

Por otro lado, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei. La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO. 

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho. También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.