Bajar cuotas, devolver dinero y ajuste por inflación: la ofensiva del Gobierno contra las prepagas

Las empresas de medicina prepaga deberán retrotraer los montos de sus planes a valores de diciembre de 2023 y ajustarlos por inflación. En lo inmediato, eso implicaría una reducción promedio en las cuotas del 33 por ciento. Así lo resolvió ayer el Gobierno, que además presentó una medida cautelar para que las compañías devuelvan a los afiliados lo que hayan cobrado por encima del índice de precios del Indec. Esta última decisión, no obstante, dependerá de que la Justicia haga lugar.

La medida llega como una bocanada de aire fresco para muchas familias de clase media que desde diciembre -cuando el presidente, Javier Milei, ordenó desregular la economía y habilitó la liberación de precios- tuvieron que hacer frente a exorbitantes subas en los planes de la medicina privada: desde el cambio de gestión acumularon un incremento cercano al 160%. “Le declararon la guerra a la clase media”, acusó entonces el ministro de Economía, Luis Caputo.

Fue el preludio del conflicto que terminaría con una investigación por presunta “cartelización” en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende de la Secretaría de Comercio, bajo órbita de Caputo, y que además se tramita en la Justicia.

“Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representan casi el 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de allí”, confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a la par que aclaró que lo resuelto regirá por los próximos seis meses: “Las empresas deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para aplicar las cuotas. Esto es el resultado de la tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización”.

Concretamente, el Gobierno le apunta a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a quien hasta el lunes era su presidente, Claudio Belocopitt, titular a su vez de Swiss Medical, una de las firmas que deberá ajustar sus precios, al igual que Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Omint y OSDE. Se trata de las empresas que de diciembre abril subieron sus valores en torno al 160%.

“El gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se termino el 10 de diciembre”, advirtió Adorni, e insistió en que “esto es de aplicación inmediata, a partir de mayo. Las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, ajustar por inflación hasta aquí y ver en tal caso la cuota que pagarán, pero entendemos que va a ser una reducción considerable de lo que se pagó en este mes de abril”.

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Cuánto se pagará

Para calcular lo que deberían cobrar en mayo las prepagas, bastará con tomar la cuota abonada en diciembre y a ese monto sumarle el 51,6 por ciento de inflación acumulada en enero, febrero y marzo. De mayo en adelante, los planes se actualizarán mensualmente por IPC como tope máximo: “Se faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento”, indicó la resolución oficial.

Según el Gobierno, la baja en los valores a pagar el mes que viene rondaría el 33 por ciento, dependiendo de la suba efectiva de las cuotas en los primeros cuatro meses del año.

Sobre esa base, quien en diciembre pagaba 200.000 pesos y en abril hubiera abonado 502.000 (+ 151%), ahora recibirá una cuota de 333.520 pesos. Es decir, 168.480 pesos menos, que representan una reducción del 33 por ciento.

Otro ejemplo sumó el economista Nadín Argañaraz, quien en su cuenta de X escribió que “un plan específico de OMINT había subido en términos reales un 59% en los últimos 4 meses”. Tras la medida del Gobierno, “subiría un 16% real. Nominalmente, en lugar de valer 227.000 pesos este mes, este plan debería valer 166.000 pesos, es decir un 27% menos”.

No obstante, “la devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, aclaró el Gobierno, que elevó ese reclamo (el del reembolso del dinero a los afiliados) a la Justicia (ver aparte).

Pero, antes de que los tribunales se expidan, el Ejecutivo resolvió dar la pelea contra las prepagas en el frente administrativo. Fue a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que, a partir de una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, determinó que “existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo” o pacto ilícito entre las compañías mencionadas para fijar los precios del sector. Y, en ese sentido, emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía a adoptar una medida de tutela anticipada “para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía (Belocopitt), cumplan con los requerimientos” detallados.

“Es bueno aclarar que hay una presunción de cartelización. De confirmarse esa presunción puede tener algún impacto severo de orden público. En este caso, como afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida de tutela anticipada, para evitar que ese daño se continúe realizado”, sumó Adorni sobre la decisión de recalcular las cuotas y aplicar aumentos por inflación. Una decisión que, como se dijo, se mantendrá por seis meses. Por lo que es de esperar que la discusión se reavive a mediados de octubre.

En medio de la polémica, desde las prepagas se defendieron diciendo que, junto con las altas subas a los afiliados, las clínicas, sanatorios, laboratorios, médicos y enfermeros también recibieron aumentos por encima de la inflación. Y plantearon la duda sobre si también podrá ajustar hacia abajo los honorarios de las entidades y profesionales, lo que abriría la puerta a otro conflicto.

Hasta diciembre, cuando el Gobierno desreguló el mercado de prepagas y permitió que fijaran libremente el valor de sus tarifas, las cuotas se ajustaban mensualmente según un Índice de Costos de Salud (que abarcaba los gastos en personal, medicamentos e insumos) para los que ganaban más de seis Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) o el 90% del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) para el resto (ingresos inferiores a seis SMVM).

A cambio de ese mecanismo, el Gobierno anterior otorgó beneficios impositivos y de previsión a las empresas de salud privada.

El esquema de los ajustes cambió a partir de diciembre, cuando la administración Milei sacó el DNU que desreguló la economía y, entre otras cuestiones, le dio a las prepagas la libertad de fijar los precios de las cuotas que ahora el Gobierno tacha de “desmedidas”.

“Es un gran alivio para la clase media”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo