Revés para Cristina Kirchner: confirman el decomiso de una gran parte de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez, entre otros, con los que pretendían suspender la ejecución patrimonial en el marco de la condena por corrupción en el caso Vialidad, la causa que llevó a la expresidenta a la prisión domiciliaria. La orden del Tribunal fue que se ejecuten los 111 bienes identificados por la fiscalía. La cifra a cubrir es 685.000 millones de pesos, que representan el daño ocasionado con la maniobra defraudatoria con la obra pública vial.

Fue la Sala IV de la Cámara -el máximo tribunal penal del país- que, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó el decomiso de los bienes inmuebles en virtud de las condenas firmes dictadas en la causa Vialidad.

Con la decisión -que contó con la disidencia parcial de Borinsky, quien consideró que no se debían decomisar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner- se ratificó la recuperación efectiva de activos productos de hechos de corrupción. Así, se consolidó un criterio clave: “que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

El criterio adoptado se inscribe en la ejecución de la sentencia firme dictada en la causa Vialidad, en la que se acreditó una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

UN ESQUEMA COMPLEJO

Según el fallo de la Cámara, la maniobra investigada involucró un esquema complejo, prolongado en el tiempo y con “resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz y a un entramado económico que generó ganancias para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner, a través de negocios compartidos durante los años en que se ejecutó la maniobra criminal”.

Cuando se avance con este fallo las propiedades ejecutadas a los condenados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Conviene hacer un poco de historia. El año pasado, el 18 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, firmó la resolución para hacer efectivo el decomiso. Sin embargo, los abogados defensores de la expresidenta apelaron esa decisión.

Los magistrados de la Casación aunaron su posición respecto a que los parámetros sobre los cuales el TOF 2 fundó la individualización de los bienes decomisables “resultaban suficientemente fundados”. Es que las defensas pretendían exigir una reconstrucción contable exhaustiva de cada flujo de dinero ilícito, desde su origen hasta la actualidad. Pero los camaristas señalaron que esa exigencia “no tiene sustento legal y desconoce cómo opera la criminalidad económica organizada, donde las ganancias ilegales suelen mezclarse, transformarse y reinvertirse durante largos períodos”.

El tribunal explicó que, en delitos extendidos durante más de una década, “exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”. Dijo: “Alcanza con demostrar una coincidencia temporal y una vinculación económica razonable entre el incremento patrimonial y la maniobra delictiva”.

En el voto unánime, se destacó que el decomiso no requiere identificar exactamente el mismo bien proveniente del delito, “dado que el dinero es fungible y puede transformarse o mezclarse con activos lícitos, de modo que lo relevante es la equivalencia patrimonial como provecho del delito y la relación económica con éste”. Por eso se rechazaron los planteos de las defensas.

CAMINO ALLANADO

La decisión de Casación allana el camino para la ejecución de veinte propiedades que pertenecen a la familia Kirchner: un inmueble inscripto a nombre de Cristina y 19 propiedades que fueron heredadas a título gratuito a sus hijos Máximo y Florencia.

Lázaro Báez perderá más de 80 propiedades e incluso inmuebles que están a nombre de las empresas utilizadas para la maniobra defraudatoria en alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas. Esto, señalaron los jueces, es una consecuencia de la condena por corrupción que obtuvo firmeza en junio pasado por decisión de la Corte.

Para la justicia, el objetivo del decomiso es impedir que el “delito comprobado rinda beneficios y neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”. La medida cumple una función reparadora del “daño social causado”.

En el punto donde no votaron de forma unánime los integrantes de la Sala IV de la Cámara es respecto a los bienes de los cuales son titulares los hijos de Cristina Kirchner, esos cedidos a título gratuito en marzo de 2016. El voto disidente del juez Borinsky advirtió que, si bien los criterios genéricos utilizados para ordenar el decomiso “eran correctos”, la resolución general presentaba defectos de fundamentación y que no se analizaron adecuadamente los planteos de las defensas respecto a los bienes heredados por Máximo y Florencia.

“ATENTADO CONTRA EL SISTEMA DEMOCRÁTICO”

En su voto, por su parte, el juez Hornos fue durísimo: recordó que los “graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento” constituyen “un atentado contra el sistema democrático”. Y por eso la respuesta judicial “debe ser rigurosa y eficaz, incluyendo la recuperación de los activos derivados del delito”.

Lo dicho: los bienes a decomisar que identificó el fiscal Diego Luciani junto a su par Sergio Mola, son 84 inmuebles de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner y 19 que fueron heredados a sus hijos. También se incluyeron bienes bajo la titularidad de las empresas de Báez que fueron utilizadas para la maniobra defraudatoria.