La Suprema Corte no quiere más “policías cadetes”

Con las firmas de Hilda Kogan; Daniel Fernando Soria y Sergio Gabriel Torres, la Suprema Corte de Justicia bonaerense avanzó con una medida que apunta a ordenar -y transparentar- el uso de efectivos policiales dentro de los edificios judiciales. Fue a través de la resolución 394/26, que el máximo tribunal dispuso poner fin a una práctica histórica: la utilización de policías asignados a custodia para tareas ajenas a la seguridad, como diligencias o incluso cuestiones personales de los magistrados.

En ese marco, la Corte provincial comunicó a las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal de todos los departamentos judiciales que la figura responsable del servicio pasará a denominarse “Delegado del Departamento Judicial”.

Se trata del funcionario encargado de centralizar la organización, distribución y supervisión de los efectivos policiales afectados a la custodia en cada jurisdicción, por lo que, de ahora en más, le quitará el poder a los jueces y demás autoridades de “poner o sacar” efectivos y, lo que es peor, usarlos como cadetes para hacer mandados particulares.

La resolución establece además que todos los organismos judiciales que cuenten con personal policial deberán poner a disposición la totalidad de esos efectivos bajo la órbita de este Delegado, quien dependerá del Ministerio de Seguridad bonaerense.

La medida busca evitar la dispersión de funciones y garantizar que los agentes cumplan exclusivamente tareas vinculadas a su expertís, tal como lo establece el Convenio de Coordinación Interinstitucional Nº 691.

Como parte del esquema, se definió que el enlace institucional entre la Suprema Corte y el Ministerio de Seguridad será la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales.

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A su vez, la Subsecretaría de Control de Gestión tendrá a cargo la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto.

La decisión se inscribe dentro de un proceso más amplio de regulación del uso de custodias policiales, en línea con el “Protocolo para la gestión de pedidos de custodia policial” aprobado recientemente por la resolución SC 736/26.

Con este marco, la Corte busca reforzar criterios de control, eficiencia y transparencia en la asignación de recursos de seguridad dentro del Poder Judicial.

Por eso ya requirió al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe, a la mayor brevedad posible, acerca de los órganos y dependencias de Administración de Justicia que se encuentran con servicio de custodia, personal asignado y horario de los mismos.

Además, de estricta excepcionalidad, habilita que un juez pueda sacar a un efectivo de la sede.