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Senado: la oposición convirtió en ley el financiamiento universitario y Milei prepara un nuevo veto

21 de Agosto de 2025 | 14:47

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa.

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa).

Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).

También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

Más temprano, con un amplio apoyo opositor, el Senado rechazó hoy cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia dictados por el gobierno del presidente Javier Milei, entre los que se destacan el que disuelve Vialidad Nacional y otros que modifican las estructuras del INTI e INTA.

De esta manera, esta serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

LÍMITES A LOS DNU

El kirchnerismo, PRO, la UCR y partidos provinciales acordaron ayer en el Senado avanzar con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

La decisión tuvo consenso en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Alejandra Vigo, de Córdoba. Si bien aún restaba la firma del dictamen, los senadores daban por sentado que la iniciativa tendrá luz verde.

Aunque había varios proyectos para reglamentar el uso de los decretos de necesidad y urgencia, las diferencias eran mínimas . Básicamente planteaban diferentes plazos para que los decretos fueran aprobados. En la legislación actual, no hay un límite de tiempo que exija a alguna de las cámaras a expedirse ante un rechazo.

Un ejemplo es el decreto de necesidad y urgencia 70/23 que dictó Milei en diciembre de 2023 y que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero que desde entonces duerme en la Cámara de Diputados.

“Entiendo que hay que reglamentar el ‘silencio legislativo’ ante los DNU y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático”, dijo al respecto la senadora peronista Juliana Di Tullio.

El exaliado de la Casa Rosada Carlos Espínola fustigó también contra el uso de los decretos y dijo que “tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático”.

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