Los sitios de internet podrían ser clausurados por el INADI

Los diputados nacionales Remo Carlotto y Diana Conti presentaron un proyecto que busca frenar los comentarios violentos de las páginas webs. Según se pudo conocer, a través de la página oficial de la Cámara de Diputados, la iniciativa fue elevada el pasado 18 de septiembre conteniendo las firmas de otros tres legisladores: Mónica Graciela Contrera, Jorge Rivas y Walter Marcelo Santillán.

El principal argumento que se presentó para conseguir la aprobación del proyecto es que Internet es una “poderosa herramienta, que tiene la posibilidad de comunicar, difundir y reproducir ideas en una escala hasta ahora desconocida”. Por lo antes dicho, la iniciativa, que lleva como título “Actos discriminatorios e instrumentos de Derechos Humanos. Promoción de la no discriminación en Internet”, busca establecer un marco regulatorio a las opiniones y comentarios que se hacen en sitios de internet para evitar la difusión de mensajes discriminatorios y violentos, teniendo como principal objetivo propiciar la diversidad, el pluralismo y el respeto por la dignidad y privacidad de las personas.

Si lo propuesto por los legisladores alcanza el estatus de ley, los responsables de blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios de prensa, diarios on line, revistas electrónicas y otros sitios de internet, quedaran sometidos al control de un organismo gubernamental como el INADI por las opiniones de sus lectores.

¿Qué se entiende por discriminación según el proyecto?

El texto que pretende convertirse en ley explica que se entenderá por discriminación a "aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas por su condición étnica, de color, de nacionalidad, religión, género, identidad de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, perfil genético o pobreza. La presente enumeración no es taxativa y el carácter discriminador deberá ser evaluado con arreglo a la ley 23.592 de Actos Discriminatorios y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país”.

En este párrafo, tomado de manera textual del proyecto que figura a disposición de la comunidad en el sitio web de Diputados, se usa la expresión “la lista no es taxativa”, dejando una ventana abierta a la hora de interpretar lo que es un hecho de discriminación.

Recaudos que deberán tomar los responsables de sitios de internet

Para evitar malos entendidos, los responsables de sitios web deberán alertar a los lectores a través de “ventanas emergentes” de que lo que opinen podrá ser removido en el caso de que no cumpla con los requisitos de la normativa vigente. La “ventana emergente” deberá aparecer con facilidad conteniendo un mensaje claro y conciso que facilite la lectura de los términos y condiciones a los que se deberá someter quien tenga el deseo de comentar.

Organismo fiscalizador y sanciones

Quien estará a cargo de supervisar que la ley se cumpla será el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. La iniciativa otorga al INADI la atribución para clausurar hasta por 30 días a los medios de comunicación digitales "que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios de carácter discriminatorio”.

Dicho organismo podrá recibir las denuncias de individuos que se sientan afectados por algún comentario que se escriba sobre su persona. Un punto clave en este aspecto es que a las denuncias se suma la posibilidad de que el ente fiscalizador también pueda actuar de oficio si lo considera necesario.

El mecanismo para tratar los casos explica que después de recibir la denuncia o iniciar la investigación correspondiente en el caso de que se elija actuar de oficio, se procederá a realizar un análisis de cada caso en particular extrayendo del mismo una resolución. Quien este infringiendo la ley recibirá una notificación de lo resuelto y tendrá un plazo de cinco días para remover el contenido violento o discriminatorio del sitio de internet del que es responsable.

Si después de haber sido notificado no se cumple con lo dispuesto se aplicarán graves sanciones que van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”. Según el análisis de los especialistas la medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.

Se podrán apelar las resoluciones

El proyecto también prevé un espacio para que los responsables de los sitios web puedan hacer sus descargos. “Contra los actos administrativos que dispongan sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda de acuerdo al lugar de comisión del hecho” se explica.

Sobre este punto el texto especifica que “el recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubiera denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente”.

Sitios de internet que están radicados en el exterior

Un cabo suelto que deja la iniciativa es qué pasará con los portales que pertenecen a otros países pero en los que la sociedad argentina interactúa como es el caso de Twitter y Facebook. El proyecto no aclara qué ocurriría si las agresiones surgen en sitios radicados en otros países, o con medios nacionales que tienen los servidores en el exterior. Tampoco se deja en claro qué pasaría con un comentario que es borrado pero permanece en el caché de los buscadores