Borradores del sciolismo sobre la Justicia nacional

Por MARIANO PEREZ DE EULATE

Convencido de que, finalmente, se alzará con la candidatura presidencial del Frente Para la Victoria, el sciolismo empieza a abordar internamente, en silencio, algunos temas de la agenda nacional que preocupan en la mesa chica que rodea al Gobernador frente a la posibilidad de que en 2015 les toque suceder a Cristina Kirchner.

Una de esas cuestiones es el momento de extrema tensión que atraviesa la relación entre el Gobierno nacional y un sector del Poder Judicial, cuyo botón de muestra más rutilante es el reciente allanamiento que dispuso un juez federal, Claudio Bonadio, a una de las empresas hoteleras vinculadas a la Presidenta.

Daniel Scioli sabe que, tarde o temprano, deberá referirse a ese tema frente a los micrófonos, a todas luces una cuestión incómoda para un candidato que debe defender los colores del oficialismo. A pedido suyo, en las horas posteriores al procedimiento dispuesto por Bonadio, el mandatario fue informado por un alto funcionario de su gabinete de los detalles del allanamiento.

Scioli parece convencido de aquella frase proselitista de su campaña que dice que él representa la “continuidad con cambios”

Se lo puso en conocimiento de que, técnicamente, el juez buscaba anomalías en lo referido a la parte contable de la firma y al supuesto incumplimiento de los pasos legales frente a la Inspección General de Justicia. Escuchó Scioli de boca de su hombre de confianza que, dada la materia de investigación, el allanamiento resultaba innecesario y que acaso buscara cierto estruendo mediático.

El funcionario habló desde su opinión técnica, no desde una visión política. Se aclara esto porque ésa también es la línea discursiva que, a modo de defensa de Cristina, se encargaron de bajar los voceros del Gobierno, con un pico de sinceridad brutal del senador nacional por Buenos Aires, Aníbal Fernández, quien llegó a afirmar: “En ningún país serio del mundo se allana una empresa de la Presidenta”. Se refería justamente a que el motivo formal del operativo fue aquella desprolijidad contable.

No parece probable que Scioli vaya a referirse al tema, llegado el caso, en los mismos términos que Fernández. Seguramente acudirá a algún rebusque verbal de ocasión para no quedar atrapado en ninguna trampa semántica. El gobernador sabe moverse bien en esas aguas pantanosas.

Lo que no queda claro es cómo abordaría el mandatario algún tipo de respuesta para el caso de que tenga que referirse a la investigación más fuerte que acecha a la empresa presidencial y que busca definir si la misma –Hotesur S.A- fue un canal que usó el polémico empresario sureño Lázaro Báez para lavar dinero mal habido.

Lo que resulta seguro es que, por estilo y convicción, Scioli jamás recurrirá al ataque frontal contra el juez de la causa, como sí ha hecho el cristinismo paladar negro en pleno, que incluyó descalificaciones varias.

Es que Scioli parece convencido de aquella frase proselitista de su campaña que dice que él representa la “continuidad con cambios”. En la intimidad de las reuniones con actores empresarios y políticos, sin llegar a atacar al Gobierno pero criticándolo implícitamente, el gobernador suele profundizar ese concepto hablando de la necesidad de respetar la institucionalidad y recuperar el sentido republicano.

VIEJO TRUCO

Es en esa lógica -y a pesar de que ha apoyado públicamente algunos de los proyectos legislativos del Gobierno en materia judicial, como la reforma al Código Procesal Penal- que Scioli cree que es innecesaria la pelea entre la Rosada y el Poder Judicial, algo que nunca explicitará en público. Al menos no en esta etapa de la campaña.

Cuando lo han consultado sobre cómo llevaría él esa relación entre poderes del Estado en caso de acceder a la presidencia suele recurrir al “viejo truco” de pedir que miren lo que ha hecho en la Provincia.

Es que en el ámbito bonaerense los cruces más sonoros con los judiciales –no los únicos- se han dado por cuestiones salariales, un ítem que el gobierno provincial cree que se empezará a saldar una vez que vea la luz la Ley de Autarquía del Poder Judicial que, entre otros puntos, estipula que la Justicia administre su propio presupuesto, defina el sueldo de los jueces y el salario de los trabajadores del sector.

Según fuentes de su entorno, y siguiendo la línea de que es conveniente no profundizar conflictos, Scioli vio con cierto agrado la jugada impulsada por la oposición en el Congreso nacional –puntualmente en el Senado- para trabar cualquier nombramiento posible de un nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia para cubrir la vacante que dejará a fin de año la anunciada renuncia de Eugenio Zaffaroni.

Explican las fuentes: aunque no tiene la motivación primaria de acotar el avance del kirchnerismo en la Justicia, como sí reconocen los opositores, el gobernador sí coincidiría con los otros espacios con aspiraciones presidenciales en que es más prudente dejarle al próximo presidente la tarea de proponer al nuevo juez del máximo tribunal.

EN LA CABEZA

Los más informados aseguran que, muy discretamente, Scioli habría pedido a sus consejeros en materia de operación judicial algunos nombres posibles para tener en la cabeza. A menos de un año de las elecciones, la difusión de ese dato puede tener la secreta intención de mostrar al gobernador en actitud presidencial.