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La tercera semana del mes de noviembre transcurrió sin muchas novedades en el plano local, en medio de un “mercado apagado” como consecuencia de los controles del gobierno nacional en su búsqueda de tranquilidad cambiaria.
Una de las medidas que tomó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue la creación de un nuevo órgano para controlar las importaciones y exportaciones de bienes, servicios y divisas, denominado Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior. La Unidad estará bajo el control de la Jefatura de Gabinete y contará con representantes del ministerio de Economía, de la Afip, del Banco Central, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Busca evitar la evasión fiscal y la manipulación de divisas”, destacó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Por otro lado, la Afip eliminó la posibilidad de deducir de Ganancias las diferencias de cambio negativas de las operaciones de dólar Bolsa o MEP. “Esta operatoria es un ardid cuyo único objetivo es realizar una planificación fiscal nociva que busca evadir el pago del impuesto a las Ganancias sin una razón fundada y abusando de la Ley”, subrayó el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray.
En tanto, el Banco Central activó el segundo tramo del swap de monedas con el Banco Central de China; buscando reforzar las reservas y respaldando la implementación de las políticas financieras, cambiarias y monetarias de la entidad. Según fuentes del organismo, se acreditaron aproximadamente 500 millones de dólares. Como parte de este acuerdo, se podrá solicitar intercambios adicionales hasta un máximo de 11.000 millones de dólares.
A mitad de semana, el jefe de Gabinete ratificó que el “acuerdo de convergencia” con las provincias para equiparar las tarifas eléctricas tiene plazo hasta el 31 de diciembre. A partir de 2015 cada jurisdicción “puede definir de forma autónoma su política”. Por su parte, el ministro de Hacienda de Corrientes, Enrique Vaz Torres, advirtió que la tarifa podría aumentar un 300% en caso de que el Estado nacional quite los subsidios. En otro ámbito, Capitanich les pidió a las empresas fabricantes de aluminio “cuidar” los precios domésticos del metal y sus derivados. Se acordó una producción para 2015 de 460.000 toneladas de aluminio.
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