España impugnó consulta alternativa catalana

EL PRESIDENTE DE CATALUÑA, ARTUR MAS DEMANDARÍA AL GOBIERNO DE ESPAÑA POR IMPEDIR EL PLEBISCITO INDEPENDENTISTA

MADRID.- El Gobierno español acordó ayer impugnar ante el Tribunal Constitucional la convocatoria por el Ejecutivo de la región de Cataluña a celebrar una consulta informal y alternativa independentista el 9 de noviembre.

La decisión generó el inmediato rechazo del presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien anunció que estudia emprender acciones legales para llevar ante la Justicia española al Gobierno por “abuso de derecho y de poder” por impugnar la consulta alternativa del 9 de noviembre. La votación, ha señalado, sigue adelante y su organización “será completada” en los próximos días.

Mas, que ha acusado al Gobierno de caer “en el ridículo” al haber impugnado la votación del domingo tras haberla “menospreciado”, aseguró que los servicios jurídicos de la Generalitat trabajan para actuar antes del 9 de noviembre contra el Ejecutivo por “vulnerar las competencias de la Generalitat sobre participación ciudadana”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó tras la reunión semanal del Gabinete que se pretende con ello “asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia”.

La decisión del Ejecutivo central llega al día siguiente de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta. Varias formaciones nacionalistas catalanas defienden desde hace meses la celebración de una consulta en la que los ciudadanos se pronuncien acerca de una eventual independencia del territorio y el presidente de la región, Artur Mas, firmó hace varias semanas un decreto para convocarla.

RECHAZO

Un primer recurso del Gobierno central fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional lo que significó la paralización del referéndum.

No obstante, Artur Mas reiteró su intención de que el 9 de noviembre los catalanes puedan votar y para ello defiende una consulta informal, sin validez legal, con el principal objetivo de que haya una participación amplia que haga ver el deseo de los ciudadanos de dar su opinión sobre la soberanía. Esta segunda consulta, fue impugnada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante la Justicia.