En busca de más poder para los fiscales

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Con el proyecto para reformar el Código Procesal Penal que envió anoche al Congreso, la presidenta Cristina Kirchner busca otorgar más poder a los fiscales para investigar, en una medida que justificó en la necesidad de acelerar las causas judiciales pero que, al mismo tiempo, las fuerzas de oposición consideran como un “caballo de Troya” para aumentar las facultades de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal que son afines al oficialismo en términos políticos.

Para argumentar a favor de los cambios, la mandataria invocó la figura de Raúl Alfonsín, al recordar que el ex presidente radical había impulsado una reforma de similares características en la década del ’80, aunque luego el menemismo sancionó otro código con un “sistema mixto” que, de acuerdo a su criterio, no se adapta a la realidad que atraviesa el país en materia delictiva. “El objetivo final es que los ciudadanos se sientan protegidos”, dijo a través de la cadena nacional.

Fiel a su estilo político, la Presidenta anunció el proyecto pero evitó encuadrarlo en el combate contra la “inseguridad”, porque –según advirtió- esa es una palabra que tiene “mucho marketing” pero que no sirve en términos prácticos. De todos modos, la iniciativa gubernamental incluyó un par de puntos que formaron parte del debate público en los últimos meses: la prohibición de excarcelar a reincidentes y la expulsión de extranjeros atrapados delinquiendo “in fraganti”.

En el primero de los casos, se trata de un reclamo potenciado por el Frente Renovador massista cuando planteó su rechazo a la reforma del Código Penal bajo la inspiración intelectual del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. En el otro, terminó avalando la postura del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien planteó –prácticamente en soledad dentro del kirchnerismo- la necesidad de avanzar en la expulsión de extranjeros que integran organizaciones delictivas.

Reafirmando su vocación legislativa, la Presidenta recordó su participación en la Convención Constituyente de 1994, que derivó en la reforma de la carta magna e incluyó una serie de institutos tendientes a morigerar el presidencialismo. En este punto, reivindicó que el radicalismo haya impulsado la separación del cuerpo de fiscales de la órbita del Poder Ejecutivo. Y dijo que este proyecto apunta en la misma dirección y está destinado a “empoderar a la ciudadanía”.

Pero el debate que se abrirá ahora con seguridad pasará por determinar si la reforma tiene en el fondo alguna intención de fortalecer a los fiscales en detrimento de los jueces, sobre todo pensando en las causas por corrupción contra los funcionarios públicos. Como sea, lo cierto es que el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa en el Congreso, con o sin el consenso de la oposición, para “saldar una deuda de la democracia”, prometió la Presidenta.