Boudou está cada vez más complicado en la Justicia

EL VICEPRESIDENTE, AMADO BOUDOU

La Cámara Federal porteña citó a los defensores del vicepresidente Amado Boudou para el próximo jueves para la audiencia oral contra el procesamiento por presuntas irregularidades en la registración de un automóvil, informaron ayer fuentes judiciales. En tanto, Sergio Schoklender acusó Boudou de valerse de testaferros para cobrar 160 millones de pesos que debía percibir la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La audiencia debía realizarse anteayer, pero los abogados de Boudou, Martín Magram y Jacobo Grossman, pidieron la postergación por cuestiones de agenda de trabajo, por lo que ahora la Sala II del tribunal fijó una nueva fecha.

La audiencia consiste en una “mejora de fundamentos” respecto del escrito de apelación que ya fue presentado por los abogados de Boudou, e incluso está prevista la posibilidad de que el propio vicepresidente asista y exponga verbalmente.

El juez Claudio Bonadio procesó a Boudou porque “transfirió en su favor el vehículo Honda CRX, dominio B 2.243.822, mediante documentación falsa y falsificada”.

Por un hecho similar con un auto Audi, el fiscal Gerardo Pollicita abrió ayer una investigación contra Boudou para determinar si insertó información falsa en su documento nacional de identidad.

Además de Boudou también están procesados su ex pareja Agustina Seguin, María Graciela Taboada de Piñero, titular del Registro Seccional N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo la transferencia del auto, y la empleada de ese organismo María Cristina Sánchez.

acusacion de schoklender

En tanto, Sergio Schoklender contraataca y para defenderse acusó al vicepresidente Amado Boudou de valerse de testaferros para cobrar 160 millones de pesos que debía percibir la Fundación Madres de Plaza de Mayo y quedarse con esos fondos.

Schoklender hizo estas acusaciones al realizar una declaración espontánea en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi que lo investiga, junto con empresarios y funcionarios acusados de desviar dinero que el Estado entregó a las Madres para la construcción de viviendas sociales.