Ayala Gamboa: ahora investigan la actuación de tres policías

LA MAMÁ DE SANDRA AYALA GAMBOA EN LA CASONA DE 7, 45 Y 46 DONDE LA MATARON EN 2007

El 16 de febrero de 2007 Sandra Ayala Gamboa fue a reunirse con un hombre que buscaba una niñera. Seis días después, un bombero del ministerio de Economía que cruzó a comprar cigarrillos al kiosco de 7 entre 45 y 46, notó que del edificio lindero (por entonces archivo en refacción de esa cartera), llegaba un olor raro. “A muerto”, dicen que dijo. Pidió las llaves, entró y en la cocina del primer piso vio el cuerpo en descomposición de una chica semidesnuda. Los vecinos relacionaron el hallazgo con los cartelitos que, pegados en los árboles, pedían ayuda para encontrar a una joven que había desaparecido en esa cuadra. Un amigo de Sandra, y su novio, declararon estar al tanto de que ella había entrado en la casona donde fue encontrada muerta. Y que lo dijeron en la comisaría Primera apenas fueron a denunciar que no había vuelto.

¿Por qué nadie entró a aquel edificio de la ex Rentas antes de que lo hiciera un bombero, guiado por el olor?

Eso es lo que procura determinar ahora el fiscal Fernando Cartasegna, el fiscal que llevó a Diego José Cadícamo al juicio en el que lo condenaron a reclusión perpetua por el crimen.

En ese mismo fallo, y a pedido del particular damnificado, el Tribunal Criminal Nª 5 ordenó investigar la actuación de los policías que tomaron contacto con la denuncia por averiguación de paradero y no avanzaron sobre algunos datos que hubieran anticipado el hallazgo del cadáver. Esto no es una cuestión menor, porque con la descomposición del cuerpo se perdieron rastros genéticos clave, como, por ejemplo, semen.

En los últimos días Cartasegna pidió que todas las actuaciones fueran derivadas a los instructores judiciales que se encargarán de escuchar a los testigos que pueden reconstruir qué fue lo que pasó en aquel agobiante febrero de 2007.

Los policías que estarían complicados son, por lo menos, tres. Fuentes oficiales confirmaron que estos siguen prestando servicio en la fuerza y aunque no haya sospechas de “encubrimiento” o participación indirecta en el hecho, no se descarta que actuaran con negligencia o inclumpliendo los deberes de funcionario público.

tiempo perdido

El 16 de febrero de 2007, un hombre que vivía en la misma pensión que Sandra y su novio, en Plaza Italia, se acordó de ella cuando fue a una verdulería y escuchó a un hombre decir que buscaba una niñera. Este vecino acompañó a Ayala Gamboa a la cuadra donde aquel hombre dijo que vivía, aunque no tenían el número. En eso, lo vieron aparecer caminando. El les pidió que lo esperaran unos minutos, porque debía ir a buscar a sus hijos a la casa de la hermana y les marcó la puerta de la suya: era la de la ex Rentas.

El amigo de Sandra no podía quedarse, de modo que se fue. Y ella permaneció ahí, paradita en pleno centro, a las 15.30 de un viernes, con unas sandalias blancas, un pantalón celeste y la remera que el criminal usó para estrangularla.

Bien entrada la tarde, el novio de Ayala Gamboa y el vecino que la había acompañado a la entrevista fueron a buscarla a la casa del supuesto empleador. Golpearon. Gritaron. Y se fueron cuando los serenos les explicaron que eso no era una casa, sino un edificio público en reparación. Sospecharon que algo andaba muy mal y recurrieron a a la comisaría Primera, donde se radicó la denuncia por averiguación de paradero.

Lo que cuestiona la familia de Sandra es que nadie haya accedido a allanar esa propiedad en la que había entrado Sandra, antes de que fuera el olor de su cuerpo el que revelara el final.

maxima condena

El nombre de Cadícamo llegó a la causa después de tres años, con el cruce de los patrones genéticos del imputado y las muestras de ADN halladas en el cuerpo de Gamboa y las víctimas de un violador serial.

En el juicio oral de 2012 Cadícamo fue condenado a prisión perpetua, más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por el homicidio de Ayala Gamboa y la violación de otras siete mujeres entre 2005 y 2007, en La Plata.

Ese fallo fue apelado por la defensa y confirmado en mayo de este año por la Sala VI del Tribunal de Casación Penal.