La creación en la Provincia de nuevos municipios no se puede decidir por piquetes

El anuncio formulado por la entidad que reclama la autonomía de una sesenta ciudades del territorio bonaerense, en el sentido de que sus representantes saldrán a realizar una protesta con cortes de ruta el mes próximo, si la Legislatura no sanciona un proyecto de ley que dispone pautas para la creación de nuevos municipios, obliga a reclamar mayores dosis de prudencia en la medida en que tales definiciones requieren una gestación mucho más meditada que impulsiva.

Como se sabe, la advertencia fue lanzada desde la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios, desde la que se anticipó que el próximo 10 de octubre, en el inicio del fin de semana largo, se cortará la ruta 2 a la altura de Dolores, como señal de protesta ante lo que calificaron como falta de respuestas de la Legislatura.

Tal como se informó, el titular de esa entidad reseñó que en el Senado bonaerense se aprobó el 11 de julio del año pasado en forma unánime y sobre tablas un proyecto de ley que establece el procedimiento para la creación de nuevos municipios y que ahora aguarda la aprobación de la otra Cámara. De no haber novedades, dijo, cortarán la ruta.

Parece oportuno señalar que el tema de la autonomía municipal -en rigor, de la creación de nuevos municipios- debió merecer siempre una ponderación mucho más detenida por parte de los legisladores. Se conoce que en las últimas tres décadas se produjeron en la Provincia algunas creaciones autonómicas de apuro, cuyos resultados fueron deficitarios desde distintos puntos de vista.

No escapa al criterio de ninguna persona informada sobre esta cuestión que los reclamos autonomistas encierran situaciones y derivaciones muy complejas, y la mayoría de las veces negativas, especialmente en términos económicos que, paradójicamente, son los que invocan, entre otros, los secesionistas.

Sobre todo ahora, que se vive en la Provincia -y en el resto del país- las alternativas de una crisis que recién empieza y que sólo podrá ser conjurada a partir de la más estricta austeridad en los gastos públicos. Y en ese marco, deberían ser algunos legisladores, que persisten analizando proyectos de esta naturaleza, quienes primero deberían tomar conciencia de esa realidad en el contexto de estrechez presupuestaria en que se desenvuelven las diversas jurisdicciones estatales bonaerenses.

Como se ha señalado en forma insistente desde esta columna, para la concesión de un status autonómico debe garantizarse la existencia y funcionamiento de órganos de gobierno cuya entrada en funcionamiento y mantenimiento posterior demandan inversiones sustanciales. Aún en la eventualidad de estar ante niveles comunales de jerarquía mínima, los nuevos municipios deben poner en marcha un Concejo Deliberante, con todo lo que ello supone y los gastos que irroga, así como un Departamento Ejecutivo con órganos de colaboración elementales en cualquier tipo de estructura administrativa.

A eso se sumaría la necesidad de contar con una estructura que se encargue de cobrar los tributos propios, debiendo mencionarse acá -acaso como dato coyuntural, pero realista- los generalmente bajos índices de cobrabilidad de las tasas municipales que se registran actualmente en toda la Provincia.

Tampoco parece oportuno –ni procedente- que el análisis y elaboración de un proyecto de ley general que regule la creación de nuevos municipios, deba efectuarse bajo ninguna suerte de condicionamiento. Así como tampoco se justifica, bajo ningún concepto, que se apele al remanido e ilegítimo método de cortar una ruta, atacando de esa manera los derechos de miles de personas que merecen, como toda la población, ejercer sus derechos constitucionales -en este caso, los de circular libremente- sin que nadie se arrogue la prerrogativa de negarlos.