Ley de Abastecimiento: no cede la polémica

CARLOS DE LA VEGA, DE LA ENTIDAD DE COMERCIANTES

El Gobierno insistió en que el proyecto de reforma a la ley de Abastecimiento que envió al Congreso es “pro empresarios”, mientras que directivos de diferentes cámaras rechazaron esa visión y ratificaron sus críticas a algunos artículos de la iniciativa vinculados a la fijación de precios máximos y la aplicación de multas.

Del lado oficial, el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis fue quien defendió el proyecto al plantear que “ésta es una ley pro empresarios”.

En tanto, desde el otro lado, plantearon sus objeciones el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) Diego Pérez Santisteban y el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos De la Vega, así como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El cruce de opiniones tuvo como centro la apreciación de Alvarez Agis, quien en declaraciones radiales argumentó que “ésta es una ley pro empresarios” ya que “estamos levantando la pena de cárcel de la vieja ley de Abastecimiento” y aseveró que “el espíritu es defender a los consumidores”.

El funcionario también consideró que “el posicionamiento de algunas cámaras empresarias es contra los consumidores, no contra el Gobierno”.

Pérez Santisteban discrepó con Alvarez Agis al replicar en diálogo con Dyn que “las penalidades de cárcel nunca fueron aplicadas. No vemos que esta nueva modificación (de la ley de Abastecimiento) sea pro empresaria”.

El directivo sostuvo que “algunos de los puntos que se incorporan en el articulado son inconvenientes” y evaluó que “es un momento donde dada la situación económica y el período pre electoral, se necesita tranquilidad y prudencia”.

Santisteban indicó que los artículos más cuestionados del proyecto son los vinculados a “decomisos, la fijación de precios máximos y determinación obligatoria de determinados lugares de venta”, y objetó “algunas multas que no tienen una justificación que pueda estar ligadas a causas de culpabilidad del empresario”.

Asimismo, opinó que “no es conveniente que la administración de justicia de esta ley salga del ámbito del Poder Judicial para pasar a áreas administrativas del Gobierno” como la Secretaría de Comercio.

Por su parte, De la Vega adelantó que la CAC entregará en las próximas horas al Gobierno un documento con unas 20 propuestas para cambiar el proyecto de reforma de ley de Abastecimiento, el Observatorio de Precios y la creación del nuevo foro de Consumidor.

A su vez, CIARA y CEC expresaron en un comunicado que “la mayor intervención estatal ocasionaría nula inversión, posible desinversión, menor producción, desempleo y eventual parálisis del comercio agroexportador”. Y alertaron: “Provocaría, si se aprueba, un grave impacto negativo en los consumidores y el nivel de empleo, al afectar también los niveles de producción de la economía en general”.