La pelea con los buitres, una nueva causa nacional

Por MARIANO SPEZZAPRIA

El Gobierno nacional decidió utilizar políticamente el grave conflicto con los “fondos buitre”. Esta afirmación, que puede ser temeraria porque lo que está en juego es el futuro de los argentinos, quedó comprobada en los últimos días luego de que el oficialismo emitiera distintas señales que abonaron la idea de que busca instalar en la opinión pública la veta del patriotismo frente a un posible “default técnico” de la deuda externa.

La primera de esas señales fue la más evidente: una información emanada de las usinas oficiales afirmó que para los “fondos buitre” el mejor escenario posible en la Argentina sería que llegaran a la Presidencia -el año próximo- Sergio Massa, Mauricio Macri o Daniel Scioli. El “dato” mereció un cable de la agencia de noticias Télam, pero en rigor fue trabajado en la Casa Rosada en base a una publicación de la “task force buitrera”.

Más allá de las excusas, lo cierto es que detrás del conflicto con los “buitres”, la economía argentina está lejos de pasar por un buen momento

Los operadores oficialistas ni siquiera consideraron -al montar la burda maniobra- que Scioli es el precandidato oficialista mejor instalado en las encuestas de intención de voto, con lo cual volvieron a dar una muestra de que el kirchnerismo duro no estaría dispuesto a apoyar la postulación del Gobernador. Es que tanto a Scioli como a Massa y a Macri el Gobierno los considera “a la derecha” de su propio posicionamiento político.

GRIESA Y BUITRES, LOS ENEMIGOS

Aunque últimamente no había podido corresponder esa creencia en los hechos, la antipatía que proyecta el juez norteamericano Thomas Griesa le posibilitó al Gobierno recuperar algo de la épica perdida a causa de la devaluación veraniega y de la persistencia de la inflación. Por eso la segunda señal de su intentona llegó -previsiblemente- por medio de encuestas que reflejan el apoyo de la población a su postura contra los “buitres”.

Así, un sondeo de la consultora Poliarquía estimó que el 47% de las personas evaluó “positivamente” la actuación del Gobierno en el litigio que se sustancia en Nueva York, mientras que sólo el 25% la consideró “negativa”. Otro especialista, Raúl Aragón, indicó que el nivel de respaldo se ubicaría entre el 37 y el 40%, aunque aclaró que a esa cifra se llega partiendo del núcleo duro de adhesión al kirchnerismo, al que ubicó en el 25% de la población.

Aragón afirmó que sobre ese 25% que apoya a Cristina Kirchner más allá de lo que haga o deje de hacer, habría que sumar otro 10 ó 12% de respaldo que lograría la Casa Rosada debido al “factor patriotismo” que dispara la controversia con los “fondos buitre”. La coronación de este análisis la ofreció el último miércoles la propia Presidenta, quien dijo que la Argentina ya había pagado y que “alguien” -en referencia a Griesa- la bloqueó injustamente.

La mandataria dio así la tercera señal -encadenada a las dos primeras- de que la estrategia avalada por ella misma es sacarle todo el jugo político que le sea posible al litigio con los “holdouts”, pese a que su administración corre el riesgo de entrar en una cesación de pagos muy costosa para una gestión que enalteció la política de “desendeudamiento” instaurada por Néstor Kirchner desde el canje de deuda de 2005, que ahora es objeto de cuestionamientos.

LA POLEMICA CLAUSULA

De hecho, el economista Alfonso Prat Gay, de la alianza UNEN, criticó que en esa operación se haya incluido la cláusula RUFO por 10 años, con lo cual recién se desactivaría en enero próximo y que ahora constituye el boquete por donde los “buitres” saben que pueden entrar a poner contra las cuerdas al Gobierno. A su vez, el ex ministro Roberto Lavagna -cercano a Massa y partícipe de aquel canje- dijo que es preferible padecer “un tifón que un tsunami”.

Es decir, que dada la situación, es mejor caer en “default” por cinco meses, que activar una escalada imparable de reclamos judiciales de la totalidad de los bonistas, en el orden de los 120.000 millones de dólares. Ese mismo argumento esgrime el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, para negarse a firmar por el momento el pago de 1.330 millones a los fondos buitre, ya que a su criterio eso lo dejaría indefenso ante futuras acciones legales en su contra.

Más allá de las excusas -algunas válidas y otras formateadas para la ocasión-, lo cierto es que detrás del conflicto con los “buitres”, la economía argentina está lejos de pasar por un buen momento. Lo dejó en claro ayer el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, en palabras inusualmente duras para alguien que hace un culto de las formas: “No hay un plan para reactivar la economía. Tenemos un ministro que dice que es lo mismo caer en default o no”, disparó.

A su vez, el gobernador Scioli optó por cargar las tintas sobre los críticos al asegurar que “el país está lleno de bomberos piromaníacos”, mientras que su competidor presidencial Massa reclamó que “todo lo que la Argentina tenga que hacer para evitar el default, lo tiene que hacer”. En tanto, Julio Cobos dijo que habría que tener un gesto con los “holdouts” y depositar al menos un 30% de lo que estipuló el fallo del juez Griesa, para seguir negociando de una forma menos traumática.

¿CABILDO ABIERTO?

Todos ellos, sobre todo los opositores, quedaron embretados por la decisión del Gobierno de colocar el litigio de Nueva York como una “causa nacional”, alentando incluso la realización de “cabildos abiertos” el próximo 30 de julio, la fecha límite para el default. Una estrategia que, en definitiva, hunde sus raíces en la historia argentina y cuyo resultado dependerá del éxito o el fracaso de los funcionarios que por estas mismas horas negocian en la capital financiera mundial.