El proyecto de ley que envió la semana pasada el Ejecutivo bonaerense a la Legislatura para promover jubilaciones anticipadas en el ámbito público, pone en condiciones de acceder a ese retiro -si se sanciona la norma- a unos 7.700 empleados.
Ese total surge de 4.400 agentes de la Administración Central provincial, que trabajan bajo el régimen de la ley laboral 10.430, y de 3.300 empleados de los 134 municipios bonaerenses. Es esa cantidad de empleados la que cumple con los requisitos previstos en la iniciativa para jubilarse anticipadamente: tener 55 años de edad como mínimo y por lo menos 30 años de aportes previsionales.
Vale tener en cuenta que el proyecto no prevé que puedan acogerse a ese retiro los empleados de los Poderes Judicial y Legislativo, ni de Vialidad ni de la carrera médico-hospitalaria.
Las consultas realizadas para conocer quiénes podrán acceder a este sistema proyectado por la Gobernación de Carlos Ruckauf, revelaron, por otra parte, que hay en la actualidad unos 3.000 empleados de Administración central provincial y municipales que ya cumplen con los requisitos vigentes para jubilarse: 60 años de edad y 35 de aportes. Pero siguen trabajando porque si sus jefes solicitan su continuidad por razones funcionales, pueden seguir haciéndolo. Y, según trascendió, el Ejecutivo se dispondría a adoptar una resolución para eliminar esa opción de continuidad y convertir en obligatorio e inmediato el retiro de esos empleados.
El objetivo central del Ejecutivo con estas medidas es generar miles de vacantes en el Estado provincial y en los municipios; vacantes que podrían funcionar como nuevas fuentes de trabajo en el marco del alto índice de desocupación que impera en territorio bonaerense.